Acteal, 10 años de la masacre

Acteal, Chiapas. 21 Dic.- Al cumplirse este sábado diez años de la matanza de 45 indígenas de Acteal, en el estado mexicano de Chiapas, organizaciones de derechos humanos acusaron al gobierno mexicano de intentar tergiversar los hechos, al estar detrás de una campaña mediática para deslindar de responsabilidad al expresidente Ernesto Zedillo, a quién señalan de autorizar un plan de contrainsurgencia para debilitar a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

"El Estado mexicano ha sido incapaz de garantizar el acceso a la justicia a las víctimas, no quiere ir al fondo de las causas, sigue prevaleciendo la impunidad. Van dos presidentes de la República y ninguno mostró voluntad para resolver los hechos, por el contrario, sólo han abonado a la impunidad", aseguró Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.

Martínez cuestiona que a diez años de la masacre la justicia no se ha acercado a las víctimas".

Señala que las instancias jurídicas no quieren aplicar la ley, mucho menos lo harán por el desplazamiento, ejecuciones extrajudiciales y detenciones de indígenas choles de municipios de la zona Norte que entre 1995 y 1999 fueron sometidos a una intensa persecución por bandas armadas de miembros del Partido Revolucionario Institucional (PRI) adversarios de la guerrilla zapatista.

La activista del Fray Bartolomé de las Casas, que asumió la defensa de las víctimas desde que aconteció la masacre, comentó en entrevista que desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio entrada al caso brindando la posibilidad de dictar una resolución en contra de algunos personajes políticos importantes, extrañamente empezaron a surgir voces como la del ensayista Héctor Aguilar Camín que quiere ofrecer otra historia de Acteal.

"Nosotros hemos pugnado por la verdad. La autoridad es la responsable de demostrarlo, y si hay inocentes encarcelados que lo demuestre. Nosotros consideramos que la cárcel no es justicia, todo porque el sistema de justicia mexicano tiene serias limitaciones", dijo.

Lo cierto explica Martínez, detrás de la masacre de Acteal está el manejo de una política de Estado de encubrimiento contra bandas armadas que colaboraron en acciones de contrainsurgencia con el fin de debilitar a las organizaciones sociales civiles y opositoras al gobierno.

"Esa es la madeja que debe desenredarse", sostiene. Ilustra que en Acteal, como en la zona norte de la entidad, en 1996, "el Estado manejó una política de encubrimiento contrainsurgente, con el fin de dividir a las comunidades indígenas".

El caso de Acteal volvió a ser objeto de debate en los medios mexicanos durante las últimas semanas. Tras aquella masacre -perpetrada durante siete horas el 22 de diciembre de 1997- se implicó a 124 personas, pero sólo 83 fueron detenidas y sometidas a proceso.

De ellas, seis quedaron exoneradas, una murió en prisión y otra más está confesa. Hasta la fecha solamente se les ha dictado sentencia condenatoria de 36 años a 24 de los presos.

En noviembre de 2006 un grupo de investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e integrantes de la agrupación política nacional Alternativa Ciudadana 21, así como el historiador Aguilar Camín, anunciaron que defenderían a la mayoría de los presos porque, dijeron, hay pruebas de su inocencia.

Aunque las autoridades no hablan de ningún autor intelectual implicado en la matanza, la agrupación civil Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas sacrificados, señalan como principal responsable al expresidente de México Ernesto Zedillo, a quien acusan de autorizar un plan de contrainsurgencia contra las comunidades indígenas bases de apoyo de la guerrilla zapatista.

"Es el ex presidente Ernesto Zedillo, porque el contexto en el que se da la matanza es una política de contraisurgencia y paramilitar, donde se emplearon grupos armados de la misma lengua, de la misma cultura, que fueron adiestrados por los militares, dentro del Plan Chiapas creado por la Secretaría de la Defensa Nacional, el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y sus Secretarios", dice Javier Ruiz Pérez, integrante del equipo jurídico de la organización "Las Abejas".

Sobre la hipótesis de que se sucitó un enfrentamiento, Ruiz señala: el grupo de víctimas fue de 45, más los cuatro que aun no nacían y todos fueron miembros de Las Abejas. Fuera de ahí no hay ninguna otra persona muerta de otra organización.

No se sustenta la teoría de un enfrentamiento porque no otras víctimas, las únicas son los miembros de Las Abejas", aclara.

Por su parte, la abogada Itzel Silvia Monroy, representante legal de las víctimas, contrario a lo que afirman el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), que asumido la defensa de los presos, "los presos con los responsables materiales de la masacre de Acteal".

A la polémica de Acteal, se sumaron dirigentes de iglesias cristinas y evangélicas, quienes sostienen que los 83 presos están sentenciados injustamente"Los jueces oyeron solo a los "asesinos y mercenarios zapatistas y no a los 83 detenidos y sentenciados injustamente", dijo en conferencia de prensa, Arturo Farela, dirigente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas.

"El obispo Samuel Ruiz, defiende a los que actúan y piensan, como zapatistas, a los que no piensan, ni actúan como zapatistas no se les atiende", dijo el pastor.

Desalojados en Chiapas, no podrán regresar, sino hasta enero: Protección Civil

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 21 Dic.- Los poco más de tres mil 500 evacuados de 33 poblados de Chiapas deberán permanecer en los albergues hasta los primeros días de enero, debido a que se mantiene la contingencia en el embalse de la presa Malpaso, ya que el agua sigue subiendo a un ritmo de poco más de un metro diario, reportaron las autoridades de protección civil.
“En el caso de Chiapas, no hay condiciones de seguridad para que regrese la población evacuada, unas 5 mil personas; deberán permanecer en los albergues hasta principios de enero próximo”, informó Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil.
Y es que a más de 72 horas de que las aguas del Grijalva empezaron a fluir de la presa Malpaso a Peñitas, el agua sigue subiendo al grado que este día, el nivel llegó a la carretera que comunica el poblado de Malpaso con la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura del puente Chimoto, inundando más de 100 viviendas de las familias que fueron desalojadas.
Esta situación explicaron funcionarios de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se tenía contemplada por eso se mantiene la contingencia.
Por lo menos, cien viviendas ubicadas en la rivera del Grijalva se encuentran inundadas, las autoridades pronostican que por lo menos otras 200 quedarán bajo el agua.
Respecto al canal construido que abrió el paso al Grijalva, señalaron que mantiene la estabilidad, y hasta el momento no se ha registrado ningún incidente en su funcionamiento.
Sin embargo explicaron, que debido a que el agua que se está desfogando de la presa Malpaso es de 220 metros cúbicos por segundo, y la que logra salir por el canal es de sólo 90 metros cúbicos por segundo, el excedente se está almacenando a lo largo de 40 kilómetros que van de la hidroeléctrica a la boca del canal.
Por ello en sólo tres días, el nivel del río se ha incrementado al menos 5 metros, y se espera que suba otros seis más, antes que el canal de Juan de Grijalva se ensanche y permita que la misma cantidad de agua que sale de Malpaso, fluya hasta llegar a la hidroeléctrica de Peñitas, y de ahí al mar.

Rómulo Calzada, bajo el agua
En el poblado Rómulo Calzada el agua inundó unas treinta casas así como calles y zonas de pastizales. En este lugar y en otros 32 considerados como zona de riesgo, la población fue evacuada desde una semana antes, por lo que las pérdidas han sido sólo materiales.
La Policía Estatal Preventiva, a bordo de lanchas, mantiene la vigilancia para que ningún habitante regrese a la zona, y para ayudar a quienes deseen sacar su ganado y animales de traspatio hacia zonas más altas.
El subsecretario de Protección Civil, explicó que durante una reunión de evaluación que sostuvieron autoridades estatales y federales, se determinó que el río continuará subiendo seis metros más en los próximos días.
El funcionario señaló que las afectaciones por el incremento en el nivel del río, están dentro de los márgenes de riesgo que se habían trazado las autoridades, y aseguró que hasta el momento la situación se mantiene bajo control.

El Gobierno de Calderón con tendencias autoritarias: Ongs

Acteal, Chiapas. 21 Dic.- En México, quienes tienen poder político y económico gozan de impunidad, mientras que el resto de la sociedad, sobre todo los más pobres, la impunidad es cotidiana, no es un derecho, sino una quimera, aseguraron este viernes organizaciones de derechos humanos.
“En México, quienes tienen poder económico y/o político saben que pueden fácilmente obtener impunidad, mientras que los pobres saben que pueden ser víctimas de la injusticia”, afirmó Edgar Cortés, de la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”.
Durante un encuentro de organizaciones sociales para conmemorar 10 años de la matanza de Acteal, el activista dijo que a un año de gobierno del presidente Felipe Calderón, el sello ha sido la continuidad de la impunidad –que ha permanecido en México durante décadas- al mismo tiempo que se ha criminalizado la organización y la protesta social, para mantener los privilegios de unos cuantos.
“El presidente no ha establecido compromiso alguno con los derechos humanos, por el contrario, se han implementado políticas contrarias a los mismos, como la participación del Ejército en labores de seguridad y procuración de justicia”, señaló Cortés.
Cortés, dirigente de una red de organizaciones de derechos humanos en México, destacó que la incorporación intensiva del Ejército en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos por parte de militares.
“Los defensores de derechos humanos cuestionamos esta decisión política, en primer lugar porque todos los instrumentos internacionales señalan que la responsabilidad de la seguridad pública tiene que ser tarea exclusiva de los civiles”, sentenció.
En su intervención titulada “La situación de derechos humanos en México”, Cortés dijo que en el primer año de gobierno, el presidente Calderón mostró sus “tendencias autoritarias”, al llevar a la arena judicial los conflictos sociales, renunciando al diálogo y la política.
Dijo que cada vez más, se emplea la legislación penal para enfrentar la protesta social y sus manifestaciones ante el descontento de la sociedad.
Al mismo tiempo que se puso en marcha una intensa campaña en medios de comunicación en la cual se alienta la percepción de que las medidas de “mano dura” son las mejores, deslizando al mismo tiempo la idea de que quienes se oponen a ellas, como el caso de las organizaciones de derechos humanos, son enemigos de la ciudadanía y defienden delincuentes.
Finalmente el activista concluyó que a un año de gobierno del presidente Calderón, los mexicanos hemos vivido hasta ahora, un proceso de alternancia política, “donde las necesarias transformaciones económicas, políticas y sociales que podrían constituir una real transición democrática no han sucedido”.

Conmemoran matanza de Acteal

San Cristóbal de las Casas, México. 20 Dic.- En Acteal, Chiapas, sureste de México, familiares, y sobrevivientes de la matanza de 45 indígenas tzotziles, simpatizantes de la guerrilla Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), recordaran 10 años del multihomicidio que dejó también a más de veinte lisiados.

Activistas, miembros de al iglesia católica, organizaciones civiles, académicos, intelectuales, y la agrupación civil Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas sacrificados, sostendrán durante tres días en el poblado, reuniones a las que han denominado "Encuentro Nacional contra la Impunidad".

Las Abejas siguen reclamando justicia plena al gobierno mexicano, a pesar de que 34 hombres se encuentran encarcelados y sentenciados a tres décadas de prisión, pues señalan como principal responsable al expresidente de México Ernesto Zedillo, a quien acusan de autorizar un plan de contrainsurgencia para debilitar al EZLN.

"La Campaña Contra la Impunidad va más allá de esclarecer el caso de Acteal que a diez años se mantiene impune, pero también simboliza la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene para cultivar la memoria histórica de nuestros pueblos", señalaron en un comunicado.

En una carta enviada al presidente Felipe Calderón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, refiere que el ataque armado que terminó con la vida de 45 personas, la mayoría mujeres y niños, ejecutado por un grupo paramilitar, "fue la expresión violenta más cruel entre las distintas amenazas, desalojos y muertes anticipadas en la zona, de todo ello el gobierno de la república tuvo conocimiento oportuno".

El organismo reclama que a 10 años de la masacre ha quedado constancia de la dilación de justicia porque aún no existen garantías para asegurar la no repetición de hechos.

Señala al presidente que ha transcurrido una década, y aún prevalece al falta de voluntad para desarmar a grupos paramilitares y juzgar a los autores intelectuales de la masacre.

En vísperas de la conmemoración de una década de la masacre, el organismo exige al gobierno mexicano asuma su responsabilidad en el caso Acteal, se esclarezcan los hechos, se sancione a los responbsales y se repare el daño a las víctimas.

Asimismo le solicitan, cese las amenazas de grupos paramilitares, tropas regulares o policías contra comunidades y organizaciones en el territorio chiapaneco.

Cubre agua del Grijalva casas de evacuados

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 19 Dic.- Luego de se reabriera el cauce el río Grijalva bloqueado por un alud de tierra y piedras, las viviendas de los más de tres mil 500 indígenas campesinos que viven en los márgenes del gigantesco río, y que fueron evacuados, quedaron este miércoles cubiertas por el agua, reportaron autoridades mexicanas.
“La medida de prevención que se tomó al evacuar a los 33 poblados que se ubican en la zonas de riesgos, está resultando certera, ya que se minimizó hasta el límite la posibilidad de pérdidas humanas e incluso de bienes materiales”, dijo Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil del gobierno de Chiapas.
Centenares de casas están siendo cubiertas por el agua, al incrementar el río Grijalva su nivel por el desfogue del agua contenida, en las hidroeléctricas Malpaso y peñitas.
Reportes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua ), y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informaron que el fluido del río corre de forma controlada y de acuerdo a los planes previstos.
“El canal se está comportando conforme a lo previsto. El agua que entra al canal es manejable, y si esto sigue así, las comunidades evacuadas podrán retornar una vez que se equilibren los niveles del afluente”, indicó Luis Manuel García.
En la presa Malpaso el agua se está desfogando a un ritmo de 220 metros cúbicos por segundo, y en Peñitas está saliendo, a través de vertederos, a un nivel de 60 metros cúbicos por segundo.
Las autoridades explicaron que por lo anterior, se ha registrado el incremento en el nivel del río entre los 40 kilómetros que van de Malpaso a la zona del tapón de Juan de Grijalva, en donde se ubican las 33 comunidades chiapanecas evacuadas.
Funcionarios de La Comisión Nacional del Agua, señalan que el nivel de agua del Grijalva se normalizará en la medida en que el canal recién abierto incremente la amplitud de su cause.
Para equilibrar los niveles del Grijalva que actualmente tiene una diferencia de unos 18 metros entre uno y otro extremo del alud, decenas de máquinas continúan sacando tierra y rocas que se encuentra en el cerro que obstruye su paso.
El pasado 4 de noviembre un cerro se desgajó, de acuerdo a las autoridades por el exceso de humedad que prevalecía en la región debido a intensas lluvias.

El poblado Juan de Grijalva, localizado en los límites de Chiapas y Tabasco habitado por indígenas zoques quedó sepultado al ser arrasado por una enorme ola, dejando un saldo de 19 personas muertas y seis desaparecidos, cuyos cuerpos no fueron localizados.

El desmoronamiento del cerro, obstruyó el cauce el río que alimenta a cuatro hidroeléctricas de Chiapas.

Fluyen aguas del Grijalva. La obra un éxito: Segob

SAN JUAN DE GRIJALVA, MEXICO. 18 Dic.- Las aguas turbias y caudalosas del río Grijalva, el más grande México comenzaron a fluir hoy en el estado mexicano de Chiapas (sureste), luego de que maquinas escavadoras retiraran en 30 minutos la ultima parte del tapón.
Las aguas estancadas del Grijalva comenzaron a transitar por un canal de poco más de un kilómetro, que cientos de trabajadores y especialistas abrieran en arduas jornadas de trabajo por más de 35 días, permitiendo con ello el cauce del agua de la hidroeléctrica Malpaso a Peñitas.
La apertura del cauce al río Grijalva, fue presenciada por el Ministro de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, el gobernador de Chiapas, Juan Sabines, así como el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua.
“Todo esta saliendo como se planteo. Es un éxito de la ingeniera mexicana, un trabajo extraordinario, y un cálculo exacto de nuestros técnicos mexicanos”, dijo el Ministro de Gobernación a la prensa.
Ramírez explicó que el pequeño canal abierto este martes, con el correr de los días estará llevándose tierra y piedras, haciendo mas ancho el conducto permitiendo mayor fluidez al agua, lo que permitirá mantener control del complejo hidroeléctrico de la cuenca del Grijalva compuesto por cuatro presas.
Lo anterior aseguró, permitirá mantener por debajo de la escala crítica los ríos en el estado de Tabasco. Agregó que si agua continúa fluyendo como hasta ahora, el estado de Tabasco ya no correrá peligro de inundaciones.
“Estaremos todos los días monitoreando, y esperamos en las próximas horas, no se cuantas todavía, Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, nos den la luz verde para que todas las personas que están en refugios de Chiapas y Tabasco puedan regresar a sus casas”.
Sin embargo, Raúl Saavedra, director de la Comisión Nacional del Agua, informó que el cauce normal del río Grijalva, podría llevar meses, años o días para que vuelva a la normalidad.
“La posibilidad de que el tapón se colapsará y el agua pasara súbitamente, teóricamente existe, por ello nos preparamos para un escenario extremo, y por eso la decisión de los gobiernos de Chiapas y Tabasco, de llevar a cabo las evacuaciones”.
Por su lado, el Subsecretario de Protección Civil del Gobierno de Chiapas, Luis Manuel García declaró que esperan un término de 72 horas para tener certeza del comportamiento del afluente. Indicó que el agua llegará a los ríos de Tabasco en un lapso de 24 a 72 horas.
El pasado 4 de noviembre un cerro se desgajó, de acuerdo a las autoridades por el exceso de humedad que prevalecía en la región debido a intensas lluvias. El poblado Juan de Grijalva, localizado en los límites de Chiapas y Tabasco habitado por indígenas zoques quedó sepultado al ser arrasado por una enorme ola, dejando un saldo de 19 personas muertas y seis desaparecidos, cuyos cuerpos no fueron localizados.
El desmoronamiento del cerro, obstruyó el cauce el río que alimenta a cuatro hidroeléctricas de Chiapas.

Desbloquean el tapón que cortaba el cauce del río Grijalva

JUAN DE GRIJALVA, CHIS, 18 Dic. - Las autoridades mexicanas reabrieron este martes el cauce del río Grijalva, bloqueado desde noviembre por un gigantesco tapón provocado por un alud de tierra y rocas, con la apertura de un canal.

Tras 35 días de trabajos ininterrumpidos con maquinaria pesada, el canal, de 800 metros de largo y 100 de ancho, volvió a conectar las dos partes del río más caudaloso de México que habían quedado separadas por el derrumbe del 4 de noviembre, el cual originó una enorme ola que arrasó el poblado de Juan de Grijalva y causó 19 muertos y seis desaparecidos.

Para ello, tuvieron que ser retirados 1,2 millones de metros cúbicos tierra y rocas. Aunque las autoridades pretenden dosificar y controlar la apertura del cauce, miles de personas fueron evacuadas en los estados de Chiapas y Tabasco en previsión de posibles inundaciones o nuevos deslaves de tierra.

En Chiapas fueron desalojados 3.500 indígenas zoques, mientras que en Tabasco, que a finales de octubre sufrió graves inundaciones que afectaron a 1,2 millones de personas, sólo fueron evacuados 60% de 15.400 habitantes de 24 localidades en zonas consideradas de riesgo, según Protección Civil.

Si todo va según lo planeado, la mayor parte de los evacuados podrá volver a sus hogares el próximo fin de semana, añadió José Luis Luegue, director de la Comisión Nacional del Agua, aunque advirtió que la contingencia se mantendrá durante lo que queda del año y enero. El director de la Conagua, aseguró que en la zona del tapón la mayor preocupación es que "haya deslizamientos de tierra".

El desbloqueo del río fue presenciado por el ministro de Gobernación, Francisco Ramírez, el gobernador, Juan Sabines, y otras autoridades quienes desde un mirador construido para el evento y bajo unas sombrillas de playa presenciaron el retiro del tapón.

Se amotinan cubanos en Estación Migratoria de Tapachula

Tuxtla Gutiérrez, México. 17 Dic.- Un grupo de 75 cubanos y de otras nacionalidades, detenidos en la estación migratoria de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas (sureste), se amotinaron este lunes en protesta para no ser repatriados a su país de origen, y por presuntos malos tratos de agentes migratorios, informaron las autoridades mexicanas.
Rafael Pretelin, delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) rechazó que se tratara de una rebelión, y aseguró que a los cubanos y el resto de los indocumentados, se les brinda un trato digno y respetuoso.
Dijo que en la estación migratoria se encuentran actualmente en espera de una resolución a su situación migratoria, 75 cubanos, 53 mujeres, 6 niños y 16 hombres.
Una inusual movilización policiaca llamó la atención en la ciudad fronteriza de Tapachula. El centro de reclusión de migrantes fue rodeado por policias federales, estatales y antimotines, quienes impidieron el acceso de organismos de derechos humanos.
La policía estatal dijo que todo comenzó cuando un grupo de 30 cubanos se salió de sus dormitorios para ir al area de mujeres y niños.
Ricardo Lagunes, asesor jurídico del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, informó que los cubanos buscan denunciar que estan recluídos en lugares incómodos, pues llevan más de seis meses detenidos, sin que se les resuelva su situación migratoria.
Señaló que debido a esa situación, hace unos días, un cubano perdió la vida al sufrir un infarto al corazón.
El activista denunció que las autoridades migratorias imponen castigos al encerrar en celdas a los cubanos y indocumentados que se inconforman por la mala comida, los baños sucios y la falta de agua caliente para bañarse.
Aseguró que muchos de los indocumentados que permanecen por meses en el lugar, como son los cubanos y de otras nacionalidades reguladas, sufren de enfermedades bronco respiratorias.
La estación migratoria de Tapachula alberga a los cubanos que son detenidos en todo el sureste de México y que buscan llegar con la Ley de Ajuste Cubano a Estados Unidos.
De enero a noviembre del presente año, el INM detuvo en Chiapas 207 cubanos indocumentados.

Señales de guerra en el sureste de México: Subcomandante Marcos

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, MEXICO. 17 Dic.- El subcomandante Marcos, líder de la guerrilla indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) reveló que a 14 años de que se levantaran en armas, declarando la guerra al gobierno mexicano, “como hace tiempo no ocurría”, ve señales de guerra en el sureste de México.
“Quienes hemos hecho la guerra sabemos reconocer los caminos por los que se prepara y acerca. Las señales de guerra en el horizonte son claras. La guerra, como el miedo también tiene olor, y ahora se empieza ya a respirar su fétido olor en nuestras tierras. Debemos prepararnos para el shock”, dijo al anunciar su retiro de la escena pública por “un buen tiempo”.
Durante el Primer Coloquio Internacional sobre movimientos sociales en el mundo al pronunciar su séptimo mensaje, Marcos denunció que las comunidades zapatistas están siendo agredidas por los gobiernos de izquierda.
“Ya había pasado antes, es cierto. Pero es la primera vez que estas agresiones provienen descaradamente de gobiernos de supuesta izquierda, o que se perpetran con el apoyo sin tapujos de la izquierda institucional”, aseguró.
En su intervención, el líder zapatista dijo que la guerra tiene el carácter belicista del capitalismo, “no es solo una forma, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias, y en la paz es más difícil hacer negocios, la paz es anticapitalista”.
El líder encapuchado indicó que a los zapatistas, ya tiene tiempo que les ocurre incidentes y muchas cosas que han sido calladas e ignoradas, debido a que los espacios en los que el común de la gente se enteraba de lo que pasaba con el movimiento, se han cerrados.
“Entendemos también que para algunos medios sólo seamos noticia cuando estamos matando o muriendo”, señaló Marcos al anunciar que el EZLN seguirá adelante en consolidar el esfuerzo civil y pacífico de lo que todavía se llama La Otra Campaña.
Finalmente declaró que los indígenas del EZLN están preparados para resistir solos, la reactivación de las agresiones en su contra, sea con el Ejército, policías o paramilitares.
El EZLN conformado por indígenas chiapanecos se levantó en armas en contra del gobierno de México el 1º de enero de 1994, reclamando para todos los mexicanos, salud, educación, justicia y democracia.

Emboscan a dos indígenas campesinos en Carranza; la Ocez Carranza se deslinda

Tuxtla Gutiérrez, México. 16 Dic. - Dos indígenas tzotziles fueron emboscados por hombres que portaban fusiles AK-47, popularmente conocidos como "cuernos de chivo", por una disputa de tierras, en el municipio de Venustiano Carranza, cuando se dirigían a los fincas donde laboraban como peones, informaron familiares y la policía local.
"Nosotros oímos las descargas, pero pensamos que eran triques (cohetes), pero al rato nos avisaron, y ya fue diferente (nuestra reacción)", explicó Eduardo González Velasco, de 24 años, hermano de los emboscados que aseguró que tanto Gabriel y Francisco no tenían enemigos.
Originarios del poblado Laguna Verde, los dos indígenas tzotziles que iban montados en caballos, fueron abatidos a disparos por los desconocidos, cuando apenas habían caminado un kilómetro de su poblado.
El gobierno del estado afirmó que las causas de la ejecución es un pleito de tierras. Señaló que en los últimos meses, grupos de campesinos han pretendido apoderarse de los ranchos Caracol y Nilar, de unas 210 hectáreas de extensión.
“Grupos de campesinos ha realizado destrozos, como derrumbe de postes y se han reportado algunos ingresos de gente a las propiedades”, explicó una fuente del gobierno del estado. "Se presume que son esas personas que se han querido apoderar del ranchos los responsables de la emboscada", aseguró.

Se deslindan OCEZ CARRANZA

Por su parte, la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) que tiene bases en la comunidad Laguna Verde, pidió al gobierno que investigue a los dueños de los ranchos, porque la emboscada "pudo haber sido montada", con el fin de que se les de protección.
Un vocero de la organización que pidió el anonimato, aseguró que después de los hechos, el gobierno del estado podría tomar como pretexto para realizar una persecución contra bases de la OCEZ, que es lo que estaba esperando para "encarcelarnos por nuestra lucha por la tierra".
La organización OCEZ Carranza, es señalada por el gobierno como miembros de la guerrilla del Ejército Popular Revolucionario (EPR)

Diez años después de la matanza de Acteal, citan a declarar al exgobernador Julio César Ruiz Ferro

Tuxtla Gutierrez, Chis. 16 Dic.- Diez años después de la matanza de Acteal, donde un presunto grupo paramilitar masacró a 45 indígenas tzotziles, mientras oraban en una ermita, la fiscalía especial del gobierno del estado, citó a declarar al exgobernador Julio César Ruiz Ferro.

"El objetivo es agotar todas las líneas de investigación que en su momento no fueron trazadas por la Procuraduría General de la República para elesclarecimiento del caso; una de ellas, la probable participación de exfuncionarios públicos que en ese entonces tenían la responsabilidad política y de seguridad del estado", dijo el Ministerio de Justicia en un comunicado.

El caso de Acteal volvió a ser objeto de debate en los medios mexicanos durante las últimas semanas. Luego de la masacre -perpetrada durante siete horas el 22de diciembre de 1997- se implicó a 124 personas, pero sólo 83 fueron detenidas y sometidas a proceso.

De ellas, seis quedaron exoneradas, una murió en prisión y otra más está confesa. A la fecha solamente se les ha dictado sentencia condenatoria de 36 años a 24 de los presos.

En noviembre de 2006, investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) e integrantes de la agrupación política nacional Alternativa Ciudadana 21, así como el historiador Héctor Aguilar Camín, anunciaron que defenderían a la mayoría de los encarcelados porque, aseguraron, haypruebas de su inocencia.

A lo largo de 10 años, las autoridades nunca han hablado de ningún autor intelectual implicado en la matanza, pero la agrupación civil Las Abejas, a la que pertenecían los indígenas sacrificados, señalan como principal responsable al expresidente de México Ernesto Zedillo.

Para el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la matanza de Acteal se desarrolló dentro de la política contrainsurgente implementada por el gobierno para contrarrestar a la guerrilla del EZLN.

El gobierno del perredista Juan Sabines, por su parte, creó una Fiscalía Especial para investigar el caso.

Así a poco más de dos meses de haberse instaurado,informó que ha practicado diversas diligencias donde sobresalen las comparecencias de exfuncionarios públicos, entre ellos, los ex Secretarios de Pueblos Indios, Jacinto Arias Pérez y Antonio Pérez Hernández.

Organismos no gubernamentales que trabajan en Chiapas por la defensa de los derechos humanos, informaron que el caso Acteal ya está en la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos y existe la posibilidad de que se dicte una resolución en contra de algunos personajes políticos importantes.

"Si no hay justicia en México, están los tribunales internacionales, que pueden juzgar a responsables de matanzas", señalaron.

Falleció Fernando Michel Corona artista y luchador social integrante de la Otra Campaña

La Foja Coleta

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, 14 de diciembre.- El subcomandante Marcos lamentó la repentina muerte del singular activista político Fernando Michel Corona acaecida en Tuxtla Gutiérrez este viernes al parecer por complicaciones en su salud.
En su tercera intervención en el coloquio internacional en memoria de Andrés Aubry el dirigente zapatista comentó que de los pocos regalos que aceptó recibir destaca una pipa que le obsequio el luchador social que hacía más de 20 años vivía en San Cristóbal de las Casas junto a su compañera Lourdes.
El artista que brillaba por su modestia se destacó por su disposición para apoyar las causas de los más desprotegidos por lo que su aportación a la lucha indígena chiapaneca es invaluable.
Fue integrante del Partido Comunista (PC), del Partido Mexicano Socialista (PMS) y en el Frente Democrático Nacional (FND) en la histórica campaña por Cuauhtemoc CArdenas, en 1988.
Al estallido zapatista del primero de enero don Fernando Michel se unió a la Coordinación por la Paz (Conpaz) haciendo extenuantes guardias en los cinturones de paz que protegían la Catedral en los primeros diálogos del EZLN.
Meses después junto con la actriz Ofelia Medina integró la comisión especial que realizó las elecciones en territorio zapatista.
El prodigioso escultor en una madrugada de noviembre de 2004 participó en la celebración de Todos Santos en el altar por los muertos zapatistas ubicado junto a la Catedral.
Integrante activo de la Otra Campaña, el señor Michel, recibirá un homenaje póstumo este sábado a las 4 de la tarde en las instalaciones del CIDECI.

Encarcelan a campesinos de la OPDDIC por agredir a zapatistas

Tuxtla Gutierrez, Chis. 15 de Dic.- Acusados de homicidio en grado de tentativa y lesiones cometidas en contra de dos miembros bases de apoyo del EZLN, policías ministeriales detuvieron a cuatro campesinos de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos ( OPDDIC).
Desde hace meses, campesinos indígenas del ejido Agua Azul y bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que habitan el pobladoBolon Ajaw, se mantienen enfrentados por la disputa del centro ecoturistico "Cascadas de Agua Azul".
El Ministerio de Justicia del estado informó en un boletin que fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social número 12 de Yajalón, VicenteJiménez Díaz, dirigente de la OPDDIC, Miguel, Samuel Jímenez Díaz, y Andrés Navarro Deara, miembros de la organización.
La dependencia señala que los cuatro, son presuntos responsables de intento de homicidio perpetrado el pasado 10 de agosto en agravio de Leonardo y JuanNavarro Jiménez, padre e hijo respectivamente.
Los hechos señaló, se presentaron cuando Leonardo Navarro Jiménez, integrante de las bases de apoyo zapatista, regresaba de su parcela junto con su hijo menor rumbo a su domicilio."Ahí fueron abordados por simpatizantes del PRI y miembros de la Organización para la defensa de los Derechos Humanos (OPDDIC), quienes portando armas de fuego, así como armas blancas, les impidieron el paso, sujetando y conduciendo a Leonardo Jiménez hasta un camino de terracería, mientras que su hijo corrió en busca de auxilio".
Leonardo Jiménez fue herido en dos ocasiones con arma de fuego, además que recibió un machetazo en la parte frontal de lado derecho, ralata la dependencia.
Según el ministerio de justicia, el motivo de la agresión, declararon los afectados, es que simpatizantes del PRI y miembros de la OPDDIC, pretenden"recuperar la fración de terreno que les afectóun camino de terracería, además de obligarlos a que formen parte de dicha organización".
El ministerio de justicia señaló que continuará con las investigaciones de los hechos para castigar a los responsables.
El pasado 7 de diciembre el Centro de Analisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE), hizo un llamado a la sociedad civil y a lasorganizaciones nacionales e internacionales para realizar la campaña: "No visites a las Cascadas de Agua Azul, hasta que no cesen las agresiones y amenazas de desalojo contra las familias zapatistas".
Capise ha documentado las diversas agresiones y amenazas que padecen familias bases de apoyo zapatistas del poblado Bolon Ajaw, municipio oficialde Chilón, municipio autónomo Olga Isabel.

En Chiapas, aún se encubre a grupos paramilitares: Frayba

San Cristóbal de las Casas, Chis. 14 Dic.- A diez años de que grupos paramilitares como Paz y Justicia, sembraran el terror en el norte de Chiapas, cometiendo ejecuciones, las víctimas siguen pidiendo justicia y el Estado Mexicano continúa sin dirigir su línea de investigación a funcionarios estatales y federales que encubrieron y propiciaron a los grupos armados, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Este día, el organismo emitió un comunicado de prensa, para manifestar su preocupación por la resolución que en fecha próxima emitirá el Tribunal Superior del estado de Chiapas, ante la apelación de la condena de 31 años y tres meses de prisión que hicieran cuatro líderes de Paz y Justicia encarcelados por la ejecución de seis personas.
“A este centro de Derechos Humanos le preocupa que la resolución pudiera echar por tierra la poca justicia que se ha hecho por los desplazamientos, las desapariciones forzadas y las múltiples ejecuciones que cometieron los integrantes de este grupo paramilitar entre 1995 y 2000”.
Relata que el pasado 22 de noviembre, los cuatro líderes de Paz y Justicia, fueron declarados responsables de la ejecución de seis indígenas choles: Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Romero Pérez Pérez, Mateo Vázquez Sánchez, Mateo Hernández López y Mateo Arcos Guzmán.
“A más de diez años, las víctimas y sus familiares siguen pidiendo justicia”, señaló el organismo.
Destaca que por las múltiples violaciones a las garantías individuales en la zona norte de Chiapas, el Estado Mexicano enfrenta, a nivel internacional, una denuncia interpuesta por el CDHFBC ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos, donde se le acusa de haber violado el derecho a la vida a la integridad y otros derechos fundamentales.
En la denuncia ante el tribunal internacional, agrega, “se señala que Paz y Justicia fue creado bajo la implementación de una política gubernamental contrainsurgente que tuvo su cúspide en ese lustro”.
El CDHFBC recuerda que “los integrantes de Paz y Justicia, son responsables de mantener bajo terror por varios años los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, donde robaban ganado, imponían retenes y cuotas obstaculizando el libre tránsito, quemaban casas así como de manera sistemática cometieron ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, constituyendo estos actos delitos de lesa humanidad”.
El organismo hace un llamado al Tribunal Judicial del Estado para que, emita una resolución acorde con la justicia y confirme la sentencia en contra de estos seis integrantes de Paz y Justicia.
El Centro reitera que seguirá exigiendo al Estado Mexicano llame a juicio a los exgobernadores de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, y al general Mario Renan Castillo, excomandante de la VII Región Militar, “porque durante el ejercicio de sus mandatos se desarrolló e implementó en Chiapas una política contrainsurgente, y para que se ejerza una verdadera justicia para las víctimas y sus familiares”.

Inician evacuaciones de indígenas zoques por eventual inundación por el tapón

Tuxtla Gutiérrez, México. 13 Dic.- Cerca de 3 mil 500 indígenas zoques del estado mexicano de Chiapas (sureste), están siendo evacuados de los márgenes del río Grijalva, como "medida preventiva" ante el riesgo de inundaciones, una vez que inicie el desfogue de las presas Peñitas y Malpaso cerradas por un alud que el pasado 4 de noviembre sepultó el poblado de Juan de Grijalva.
"Esta decisión, fue adoptada por el gobierno de Chiapas, luego de que la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad, solicitaron extender las medidas de seguridad hasta alcanzar los poblados que se ubican los 110 metros sobre el nivel del mar", dijo el subsecretario de Protección Civil, Juan Manuel García.
A más de un mes que un alud de rocas y lodo taponara el cauce del río Grijalva, las autoridades mexicanas además de trabajar en el desasolve de la corriente, descienden los niveles del Grijalva para garantizar que el agua corra controladamente sobre el canal que abren.
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que han bajado más de cuatro metros el nivel del caudaloso río para mantener el control del agua cuando abran el canal el próximo 18 de diciembre.
"Se piensa bajar a poco más de ocho metros su nivel para que pueda recibir adecuadamente el agua que saldrá de la presa Malpaso", dijo un ingeniero al frente de la obra.Las autoridades de protección civil aseguran que las maniobras del retiro del "tapón" están escrupulosamente estudiadas por expertos de la Comisión Nacional del Agua.
"Su apertura es considerada de seguridad nacional, sobre todo ante el creciente miedo en Tabasco de que vuelvan a sufrir inundaciones con la liberación del agua de las presas".
Benjamín Granados, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, afirmó que "todo está controlado, no existe ningún riesgo, no hay porque alarmarse", dijo durante un recorrido en la zona.
El Gobierno de Chiapas confirmó que han extremado medidas de seguridad y como medida precautoria se evacuan a decenas de familias de la comunidad Rómulo Calzada, los que son trasladados a la capital de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez.Señaló que en los próximos días esperan que 2, 500 personas de varias comunidades en zonas de riesgo de cinco municipios de la región norte los que serán acomodados en media docena de albergues

Subcomandante Marcos llama a enfrentar el capitalismo

San Cristóbal de las Casas, Chis.- El Subcomandante Marcos, dirigente de la guerrilla mexicana Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), hizo un llamado a los movimientos sociales en el mundo para enfrentar y derrotar en su núcleo central el sistema capitalista.
"En la etapa de la globalización neoliberal, el capitalismo hace la guerra a la humanidad entera", dijo el dirigente de los zapatistas en un coloquio internacional "Planeta Tierra: Movimientos antisestémicos", organizado por el grupo armado.
Marcos reapareció el jueves en San Cristóbal de Las Casas, donde hace 14 años irrumpiera armado con miles de indígenas chiapanecos declarándole la guerra al gobierno mexicano."Las grandes transformaciones no empiezan arriba ni con hechos monumentales y épicos, sino con movimientos pequeños en su forma, y que aparecen como irrelevantes para el político y el analista de arriba".El subcomandante Marcos encabeza junto con el historiador estadounidense Immanuel Wallerstein, un encuentro contra el capitalismo, que se desarrollará del 13 al 17 de diciembre, donde están previstas las intervenciones de analistas, investigadores y dirigentes sociales de diversos países.En 1994, cuando el gobierno mexicano inaugurará con los Estados Unidos y Canadá un Tratado de Libre Comercio, miles de indígenas del estado mexicano de Chiapas, irrumpieron violentamente en la escena nacional, declarando la guerra al gobierno de México.

Minimiza Gobernación lucha social en mensaje al EPR

México D.F., 10 de diciembre de 2007 (Cencos).- Para la Secretaría de Gobernación (SG) la guerra sucia contra el Ejército Popular Revolucionario (EPR) es ?un invento? del grupo opositor, minimizando la desaparición de dos ciudadanos mexicanos, actos que denuncian diversas organizaciones defensoras de derechos humanos.
El EPR en su último comunicado del 3 de diciembre, en el que el grupo armado anuncia el último comunicado del Comité Central del Partido Democrático Popular Revolucionario (PDPR) señala que ?ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la Constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular?
En un texto del 7 de diciembre pasado que responde al último comunicado eperrista, la SG envía un mensaje desafortunado a los luchadores sociales.
En el documento del 7 de diciembre descalifica las acciones que emprenden luchadores sociales al afirmar que algunas organizaciones ?consideran tener derecho a todo tipo de protestas, incluyendo acciones que violan las leyes y atentan contra derechos de otros ciudadanos? y agrega ?desde esa perspectiva, cualquier acción de las autoridades en contra de una movilización o de una acción en la que se viola la ley o se afectan derechos de terceros por parte de los manifestantes es represión?.
De forma simplista, sostiene que ?sólo desde esa lógica se puede considerar que si algunos activistas son detenidos, juzgados, sentenciados y encarcelados, es porque el Estado ?criminaliza? a las organizaciones sociales y quien viola la ley se convierte en preso político o de conciencia?.
Diversas organizaciones como AMARC, Católicas por el Derecho a Decidir, Centro de Derechos Humanos ?Fray Francisco de Vitoria?, Centro de Derechos Humanos ?Miguel Agustín Pro Juárez?, Centro de Reflexión y Acción Laboral, CEREAL, Centro de Alternativas para el Desarrollo Social A.C., Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación entre otros, han manifestado su preocupación ante la creciente criminalización de los movimientos sociales que ha emprendido el gobierno de Felipe Calderón en el marco del programa de seguridad nacional en el que se preparan reformas al Código Penal para ilegalizar la protesta social.
En la práctica, el gobierno federal está imponiendo la militarización del país, como la Iniciativa Mérida que contempla miles de millones de dólares para seguridad, el control de fronteras, el espionaje a la ciudadanía detenciones ilegales y arbitrarias, uso sistemático de la tortura, desaparición forzada.
Hostigamiento y desaparición a defensores de derechos humanos y luchadores sociales como los ataque e intimidación a integrantes de la Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) en la región de Venustiano Carranza, Chiapas por elementos del Ejercito en agosto; del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas en octubre; de la red Todos los derechos para todas y todos, en Guerrero en noviembre, así como a Libertad de Información-México Asociación Civil (LIMAC) en Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado de Baja California, perpetrado en su domicilio ubicado en Tijuana en noviembre, entre otros muchos más.
Todo lo anterior en el marco de reformas jurídicas para criminalizar la protesta social e introducir el delito de terrorismo y sus derivados, que en la práctica pueden ser aplicados a un amplio rango de movimientos y organizaciones sociales, como lo advierte el colectivo Frente Nacional contra la Represión y en Defensa de los Derechos Humanos, que nace ante las condiciones de incertidumbre similares a las de las décadas de 1960--70 del siglo pasado.
Asimismo la SG reduce --en su mensaje al EPR-- las demandas sociales al estado de derecho al que esta obligado a atender, olvidando el origen de las demandas ciudadanas como en el caso de los mismos eperristas desaparecidos que la secretaría a cargo de Francisco Ramírez Acuña dice estar investigando desde el 11 de julio pasado, cuando la Procuraduría General de la República inició la averiguación previa y el Ejecutivo instruyó al Centro de Investigación y Seguridad Nacional a colaborar para esclarecer el paradero de los dos eperristas.
El texto de la SG dice que ?México es un país democrático; las verdaderas luchas sociales pueden construir espacios para dialogar, demandar y actuar dentro de las instituciones y del marco de la ley?, sin embargo la represión en Oaxaca, en San Salvador Atenco, el caso paradigmático de los hermanos Cereso, el intento de imposición de megaproyectos como la hidroeléctrica de La Parota en Guerrero, la expulsión de campesinos indígenas tzeltzales de Nuevo San Manuel y Buen Samaritano en Chiapas, son una muestra de la falta de voluntad política para el diálogo del gobierno panista de Felipe Calderón.
El Pacto Internacional de los Derechos Políticos y Civiles que entró en vigor en marzo de 1976, al que México se adhirió y lo ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a cumplir y vigilar, establece en su artículo 9:
1.- Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su libertad, salvo por las causas fijadas por ley y con arreglo al procedimiento establecido en ésta
2.- Toda persona detenida será informada, en el momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada, sin demora, de la acusación formulada contra ella.
En el artículo 18 estipula:
1.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
Artículo 19:
1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.
2.- Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.
Artículo 21:
Se reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás.
Cencos lamenta el tono que ha tomado la Secretaría de Gobernación y las señales que envía a las organizaciones sociales del país que, aunque no se justifica la vía armada para resolver conflictos, tampoco se justifican las descalificaciones a priori que hace de la lucha social y ciudadana a favor de la participación, condición básica en un estado democrático.

Centro Nacional de Comunicación Social A.C.

COMUNICADO DEL PDPR-EPR

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!

Ni sorprendente, ni inesperado ha sido el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habría que recordar su posición ante el anatosismo y ante el desafuero de AMLO para conocerla de cuerpo entero. “Irregularidades menores” diría el C. ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia respecto a las violaciones a los derechos humanos de la defensora de los derechos humanos, periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, cuando fue detenida sólo por hombres sin orden de aprehensión, trasladada por los mismos hombres sin compañía femenina alguna y amenazada en el trayecto, encarcelada, atemorizada, recibiendo agresiones psíquicas, todo bajo la orden del “gober precioso” y sus autoridades cómplices que sin importarles romper con el estado de derecho tan cacareado ahora por Mario Marín al acatar el fallo de la SCJN, decidieron darle “un coscorrón jurídico” a la persona que se ha atrevido a desenmascarar a los funcionarios implicados en la pederastia.
¿Es digna de confianza una Suprema Corte de Justicia como ésta? ¿Qué se puede esperar de ella? ¿Realmente funciona esta “Institución” para procurar justicia, que se hizo del rogar para ampliar la investigación de las represiones habidas en Oaxaca?
Oaxaca como Puebla son estados que están en manos de los priístas, quienes dan continuidad a la política que mantuvieron mientras gobernaron como partido de Estado hasta el 2000.
Así que tampoco sería sorprendente que según la SCJN que en el caso de Ulises Ruiz Ortiz tampoco resulte responsable de la represión y la violación a los derechos humanos en Oaxaca, sino exonerado de los delitos de privación ilegal de la libertad, desaparición forzada como la de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, violación sexual, secuestro, asesinatos políticos, hostigamiento y persecución y pederastia para nombrar sólo algunos. Afianzando su servilismo y complicidad con Felipe Calderón Hinojosa en el fraude de la elección presidencial, producto él mismo de otro fraude en su “elección” como gobernador de Oaxaca. Así, protegido también por la SCJN va a resultar que sólo cometió “irregularidades menores”.
Por lo que el pueblo de Oaxaca, sus organizaciones sociales, políticas y nuestro partido hacemos responsable y cómplice de Felipe Calderón Hinojosa y Ulises Ruiz Ortiz a toda la estructura del Partido Revolucionario Institucional (PRI) sin importar jerarquías, al Partido de Acción Nacional (PAN) y a quienes del PRD se han coludido con dichos partidos y su política inquisitorial para seguir protegiendo a Ulises Ruiz y darle legitimidad a Felipe Calderón.
¿Qué papel podría jugar esta Corte abyecta, salvo los cuatro ministros que hoy demostraron su rectitud y compromiso con la justicia en el caso de Lydia Cacho Ribeiro, sobre la solicitud de los legisladores para que intervenga en la investigación sobre el paradero de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez?
Quienes en la SCJN exoneraron a Mario Marín reflejan su equivocada interpretación de la Ley y la Constitución bajo conceptos medievales y seniles, ¿qué no harían en su juventud y trayectoria para proteger a pederastas, violadores y asesinos?
Si Felipe Calderón Hinojosa que “instruyó” a las “autoridades” correspondientes para que iniciaran la búsqueda de nuestros compañeros, a un año de su gobierno y seis meses de su detención desaparición, no ha dado a conocer resultado alguno.
Pasó octubre, el mes en que como llamarada de petate se habló de la “necesidad de diálogo”, pasan los días y el diez de noviembre no ocurre el hostigamiento político militar de nuestro partido esperado por el gobierno y baja “su interés”, por lo que en sus sesudos análisis consideran que si no accionamos es porque no tenemos la capacidad, pero no es así, estamos en lo dicho, hemos esperado paciente y prudentemente a pesar de la gravedad de la detención desaparición de nuestros compañeros.
El balance de este primer año de “gobierno” de Felipe Calderón Hinojosa, deja mucho que desear ya que en materia de Derechos Humanos ha habido un brutal retroceso inocultable máxime con la aprobación del Plan México o Iniciativa Mérida “propuesta” por México la cual apunta más que a la lucha contra la delincuencia organizada a la lucha contra el supuesto terrorismo internacional y en lo nacional entendido éste como la descarada criminalización de la lucha social, apunta a la ingerencia total de Estados Unidos en el país, para que indignamente los militares que hoy se ensañan con nuestro pueblo les boleen las botas y lustren las estrellas a los militares norteamericanos, ¿Dónde está esa parte del ejército patriota que se debe oponer contundentemente ante la actitud lacayuna de Felipe Calderón Hinojosa?
El alza de precios a alimentos de consumo básico es imparable con una canasta básica fuera del alcance del 70% de las familias mexicanas; el gasolinazo, negro augurio que ha desatado la carrera inflacionaria, que pretenden ocultar por todos los medios y que pone en evidencia la nueva crisis económica que vive nuestro país; el galopante desempleo que trata de ser ocultado con el subempleo y la creación de empleos temporales para ocultar una realidad lacerante que afecta a la mayor parte de la fuerza laboral del país, por lo que se ve obligada a emigrar del mismo.
La reforma a la Ley del ISSSTE, la reforma laboral, la reforma electoral todas con clara tendencia a la derechización y legalización del régimen neoliberal. Así como la permanente intensión de la entrega incondicional del petróleo y de los recursos naturales que han sido sistemáticamente entregados a los saqueadores españoles y yanquis; el alto grado de descomposición del sistema debido a la corrupción que brota por todos lados y a la impunidad promovida por toda la estructura del poder, descomposición que se expresa también en las más de 2 500 ejecuciones documentadas, explicables solamente por los vínculos orgánicos de la estructura presidencial con el crimen organizado.
No podríamos dejar de mencionar a la jerarquía eclesiástica, la de la doble moral, que ya no pudieron ni podrán encubrir porque desde siempre en los orfanatos e internados en donde son recibidos los niños más pobres e indefensos, que son atendidos por el clero ha habido una permanente práctica de pederastia, por lo que hoy es el momento de que sean denunciados todos esos actos por los agraviados.
Jerarquía que hoy regresa por sus fueros perdidos en la época juarista y embiste con el insultante tañido de las campanas de la Catedral, contra la senadora Rosario Ibarra de Piedra, en el momento en que ella está denunciando la violación de los derechos humanos durante la tercera Convención Democrática Nacional, jerarquía que se escandaliza y se hace víctima de un pueblo católico cansado de su doble moral, de su falsa humildad y falta de comunión con los desheredados de la tierra.
¿Cómo es posible que este clero reaccionario influya en católicos que se dicen de izquierda para criminalizar la indignación de quienes se atrevieron a protestar ante la provocación y la agresión clerical y levantar demandas penales para aumentar la lista de los presos políticos, cuando lo que deberían de hacer ya, es sacar en el congreso La Ley de Amnistía para liberar a todos los presos políticos y de conciencia del país?
Las declaraciones de Amerigo Incalcaterra respecto a que el problema de la imposición de la presa La Parota “concierne sólo a los pobladores y al gobierno”, demuestra un desconocimiento de la realidad de nuestro país, pues nuestro partido está constituido precisamente por la gente del pueblo que ha optado por la lucha armada y eso da origen a nuestra presencia permanente en lugares en donde este gobierno crea conflictos por su defensa de los interese de la oligarquía que están en contra del pueblo y que es por lo que nace la resistencia y autodefensa, tal es el caso de La Parota y la represión contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero. Represión sistemática en el plano nacional, a la cual debería estar atento para informar a la ONU de las violaciones existentes y exigir al gobierno mexicano el respeto a los derechos humanos y a las leyes internacionales que ha firmado comprometiéndose a respetarlas.
Nos daría una gran alegría que también se preocupara por la detención desaparición, dentro de otras muchas, de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en manos del gobierno calderonista que los ha desaparecido y los mantiene torturando. Sería parte de un logro que de una manera diplomática se buscara la solución de este problema para evitar que nuestro pueblo actúe con su táctica de autodefensa ante la agresión y la injusticia que se está cometiendo contra nuestros compañeros desaparecidos, porque de nada serviría que un gobierno aceptara la supervisión de personas de buena fe para vanagloriarse y presumir con su presencia de ser un estado democrático.
¿Qué quieren que se haga o se siga haciendo el Estado, el régimen, Calderón Hinojosa, los militares, los empresarios, los partidos políticos, la mal llamada clase política, los medios de difusión para que ya sean presentados en libertad nuestros compañeros porque ya es mucho tiempo transcurrido y no hay una respuesta real, concreta y favorable?
Porque continuando con esa actitud tenemos todo el derecho de actuar en consecuencia con lo que nuestro pueblo exige.
Supimos y vimos con verdadera consternación de una diputada del PAN que se desvaneció al recibir una llamada telefónica en la que se le decía que tenían secuestrado a uno de sus hijos, episodio que vivieron otros de sus compañeros, lo cual lamentamos de verdad por el sufrimiento que les ocasionaron. Ahora, imagínense ustedes el sufrimiento y el dolor permanente que causa el Estado y su partido a los familiares de los luchadores sociales secuestrados por el gobierno, desaparecidos, torturados, asesinados, de las mujeres violadas, que ustedes apuntalan con su silencio y complicidad al no exigir a su partido y a su gobierno que deje de cometer esas brutales prácticas en contra de nuestro pueblo.
Todas esas injusticias podrían dejar de serlo en el momento que ustedes asumieran su verdadero papel como representantes de un sector del pueblo y defendieran verdaderamente los intereses de éste. Se conforman con endurecer las penas en contra de esos supuestos delincuentes, leyes que servirán para intervenir el teléfono de cualquier ciudadano o violando los derechos constitucionales. Ustedes ya se hicieron cómplices con el PRI para exonerar a Marín, también serán cómplices para exonerar a Ulises Ruiz Ortiz, por lo tanto deben asumir las consecuencias de sus actos.
Nuestro partido jamás ha tomado la acción represiva de un régimen como agravios personales, sin embargo, los anteriores gobiernos y el actual toman la lucha y la protesta social como un problema personal, de tal manera que secuestran a los hijos, los tienen de rehenes, maltratan a madres y padres, catean las casas, torturan a los niños, imponen sentencias exorbitantes, exigen a los guardias carcelarios que traten de destruir a los presos políticos y de conciencia, que los agredan y los destruyan psicológicamente con tal de inhibir la lucha de nuestro pueblo y de lastimar a sus supuestos o reales dirigentes.
El señor Calderón ha reiterado que asume el costo de las decisiones que ha tomado su gobierno y la responsabilidad personal de los costos que derivan de sus decisiones. Le tomamos la palabra y lo responsabilizamos de la detención-desaparición de nuestros compañeros, por lo tanto debe de asumir junto con los grandes empresarios las consecuencias de sus decisiones confesas.
Como ustedes comprenderán que ante tanta agresión y agravio desde el Estado mexicano y su gobierno de ultraderecha el único camino que le queda a todo el pueblo que lucha por sus derechos establecidos en la constitución es el hostigamiento y la autodefensa armada popular.

P.D. Informamos a nuestro pueblo y a los medios de comunicación que el correo electrónico mexico@pdpr-epr.org deja de funcionar y no es un canal oficial para comunicarse con nosotros.

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 43
República Mexicana, a 3 de diciembre de 2007.