En Chiapas, aún se encubre a grupos paramilitares: Frayba

San Cristóbal de las Casas, Chis. 14 Dic.- A diez años de que grupos paramilitares como Paz y Justicia, sembraran el terror en el norte de Chiapas, cometiendo ejecuciones, las víctimas siguen pidiendo justicia y el Estado Mexicano continúa sin dirigir su línea de investigación a funcionarios estatales y federales que encubrieron y propiciaron a los grupos armados, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Este día, el organismo emitió un comunicado de prensa, para manifestar su preocupación por la resolución que en fecha próxima emitirá el Tribunal Superior del estado de Chiapas, ante la apelación de la condena de 31 años y tres meses de prisión que hicieran cuatro líderes de Paz y Justicia encarcelados por la ejecución de seis personas.
“A este centro de Derechos Humanos le preocupa que la resolución pudiera echar por tierra la poca justicia que se ha hecho por los desplazamientos, las desapariciones forzadas y las múltiples ejecuciones que cometieron los integrantes de este grupo paramilitar entre 1995 y 2000”.
Relata que el pasado 22 de noviembre, los cuatro líderes de Paz y Justicia, fueron declarados responsables de la ejecución de seis indígenas choles: Domingo Vázquez Avendaño, Sebastián Pérez López, Romero Pérez Pérez, Mateo Vázquez Sánchez, Mateo Hernández López y Mateo Arcos Guzmán.
“A más de diez años, las víctimas y sus familiares siguen pidiendo justicia”, señaló el organismo.
Destaca que por las múltiples violaciones a las garantías individuales en la zona norte de Chiapas, el Estado Mexicano enfrenta, a nivel internacional, una denuncia interpuesta por el CDHFBC ante la Comisión Interamericana de derechos Humanos, donde se le acusa de haber violado el derecho a la vida a la integridad y otros derechos fundamentales.
En la denuncia ante el tribunal internacional, agrega, “se señala que Paz y Justicia fue creado bajo la implementación de una política gubernamental contrainsurgente que tuvo su cúspide en ese lustro”.
El CDHFBC recuerda que “los integrantes de Paz y Justicia, son responsables de mantener bajo terror por varios años los municipios de Sabanilla, Tila, Tumbalá, Yajalón, donde robaban ganado, imponían retenes y cuotas obstaculizando el libre tránsito, quemaban casas así como de manera sistemática cometieron ejecuciones, tortura y desapariciones forzadas, constituyendo estos actos delitos de lesa humanidad”.
El organismo hace un llamado al Tribunal Judicial del Estado para que, emita una resolución acorde con la justicia y confirme la sentencia en contra de estos seis integrantes de Paz y Justicia.
El Centro reitera que seguirá exigiendo al Estado Mexicano llame a juicio a los exgobernadores de Chiapas Julio César Ruiz Ferro y Roberto Albores Guillén, y al general Mario Renan Castillo, excomandante de la VII Región Militar, “porque durante el ejercicio de sus mandatos se desarrolló e implementó en Chiapas una política contrainsurgente, y para que se ejerza una verdadera justicia para las víctimas y sus familiares”.