El Gobierno de Calderón con tendencias autoritarias: Ongs

Acteal, Chiapas. 21 Dic.- En México, quienes tienen poder político y económico gozan de impunidad, mientras que el resto de la sociedad, sobre todo los más pobres, la impunidad es cotidiana, no es un derecho, sino una quimera, aseguraron este viernes organizaciones de derechos humanos.
“En México, quienes tienen poder económico y/o político saben que pueden fácilmente obtener impunidad, mientras que los pobres saben que pueden ser víctimas de la injusticia”, afirmó Edgar Cortés, de la Red de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos”.
Durante un encuentro de organizaciones sociales para conmemorar 10 años de la matanza de Acteal, el activista dijo que a un año de gobierno del presidente Felipe Calderón, el sello ha sido la continuidad de la impunidad –que ha permanecido en México durante décadas- al mismo tiempo que se ha criminalizado la organización y la protesta social, para mantener los privilegios de unos cuantos.
“El presidente no ha establecido compromiso alguno con los derechos humanos, por el contrario, se han implementado políticas contrarias a los mismos, como la participación del Ejército en labores de seguridad y procuración de justicia”, señaló Cortés.
Cortés, dirigente de una red de organizaciones de derechos humanos en México, destacó que la incorporación intensiva del Ejército en las labores de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos por parte de militares.
“Los defensores de derechos humanos cuestionamos esta decisión política, en primer lugar porque todos los instrumentos internacionales señalan que la responsabilidad de la seguridad pública tiene que ser tarea exclusiva de los civiles”, sentenció.
En su intervención titulada “La situación de derechos humanos en México”, Cortés dijo que en el primer año de gobierno, el presidente Calderón mostró sus “tendencias autoritarias”, al llevar a la arena judicial los conflictos sociales, renunciando al diálogo y la política.
Dijo que cada vez más, se emplea la legislación penal para enfrentar la protesta social y sus manifestaciones ante el descontento de la sociedad.
Al mismo tiempo que se puso en marcha una intensa campaña en medios de comunicación en la cual se alienta la percepción de que las medidas de “mano dura” son las mejores, deslizando al mismo tiempo la idea de que quienes se oponen a ellas, como el caso de las organizaciones de derechos humanos, son enemigos de la ciudadanía y defienden delincuentes.
Finalmente el activista concluyó que a un año de gobierno del presidente Calderón, los mexicanos hemos vivido hasta ahora, un proceso de alternancia política, “donde las necesarias transformaciones económicas, políticas y sociales que podrían constituir una real transición democrática no han sucedido”.