La protesta es un derecho, la represión un delito: Obispos

San Cristóbal de las Casas, Chis. 7 Feb.- Desde hace varios años en México, se viene viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales, declaró el obispo emérito de esta ciudad, Samuel Ruiz García.
En conferencia de prensa, acompañado por el obispo de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, donde organizaciones de derechos humanos que trabajan en Chiapas se sumaron a la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, "Todos los derechos para todas y todos", el prelado dijo que la protesta es un derecho, la represión un delito.
Señaló que en la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social.
"La criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos", resaltó el obispo.
Esta política de criminalización detalló- "es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad".
Indicó que en Chiapas como en México la criminalización de la protesta social se manifiesta en: en detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores, equiparar a luchadores sociales con delincuentes, agravar las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional, ilegalizar la protesta social, reformando el código penal tipificando nuevos delitos, así como agregando faltas al debido proceso legal.
El obispo Ruiz García insistió en que "la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados o que les desfavorecen y perjudican".
Durante el evento celebrado en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismos como el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdova; el Centro de Derechos Indígenas, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, y el Comité de Derechos Humanos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, denunciaron que en Chiapas, en menos de un mes, se han registrado hechos que "dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos".
Las organizaciones señalaron que a partir de la aprobación por el congreso local sobre la creación del delito "incitación a la violencia", policías estatales han detenido a líderes sociales y campesinos como Felipe Hernández Yuena, y Pedro Matusalén Vázquez, quienes se manifestaron en contra del Tratado de Libre Comercio.Otros hechos, como el desalojo de indígenas de la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce lenguas indígenas, así como la detención de cuatro colonos que protestan por mayor seguridad en Tuxtla Gutiérrez, "dan cuenta de las tendencia gubernamental hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos".
Para los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, "la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho".