Se organizan indígenas campesinos de Chiapas para defender la Selva Lacandona

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Feb.- Comunidades, ejidos y rancherías de las siete cañadas de la selva lacandona, se reunirán en un foro en Ocosingo, para "revivir un movimiento regional y nacional de lucha y unidad" en defensa de sus tierras, así como el aprovechamiento y resguardo comunitario de los recursos naturales, informó la organización ambientalista, Maderas del Pueblo del Sureste.
El encuentro convocado para celebrarse los días 24 y 25 de este mes en la comunidad tzeltal de Betania, los participantes se integrarán en un frente que rechaza las reubicaciones de los poblados en la selva lacandona, así como la venta y la negociación de la tierra.
"La madre tierra, el territorio y sus recursos naturales, no pueden ser mercancías ni negocio privado: como indígenas mayas sabemos que son la base de la vida, a través de la solidaridad y el intercambio entre nuestro pueblos", señala la Ongs en un comunicado.
En la convocatoria hecha para el encuentro, las organizaciones y colectivos participantes resaltan que los pueblos indígenas y campesinos, han sido y siguen siendo los resguardantes y transformadores del territorio, por lo que se comprometen a su manejo y aprovechamiento comunitarios, "para bien y futuro de nuestros pueblos y del pueblo mexicano".
La colonización de la selva
En el texto las agrupaciones reseñan: “desde los años 70s, los intereses del Capital y los malos gobiernos han pretendido apoderarse del Territorio y las riquezas naturales de la Selva.
Hace treinta años lo hicieron para favorecer la extracción maderera, llevando a cabo un inmenso fraude agrario a través del decreto de la llamada 'Comunidad Zona Lacandona' y poco después –para disfrazarlo de 'verde', impusieron la Reserva de Biosfera Montes Azules”.
Con esto destacan-, se violaron los derechos a la tierra y al territorio y se iniciaron las amenazas y acciones de desalojo, de pueblos Tseltales, Ch'oles, Tojolabales y Tsotsiles, asentados ahí desde los años 50s y 60s.
Narran que en ese entonces, los pueblos indígenas respondieron organizándose de forma unida, para resistir y defender sus derechos, fundando así la Unión de Ejidos Quiptic ta Lecubtesel y luego, la Unión de Uniones.
“Esa fuerza unida de entonces obligó a negociar a los gobiernos federal y estatal. La injusticia y la falta de respuestas a nuestras demandas hizo que muchos de nosotros participáramos en el justo levantamiento armado zapatista de 1994”.
Sin embargo, “los mismos gobiernos se dedicaron a dividir nuestra fuerza, comprando y cooptando líderes; derrochando recursos para supuestos 'proyectos productivos'; promoviendo y solapando el narcotráfico, y metiendo a los partidos políticos en nuestras comunidades”, admiten.
Pero señalan que fue a partir de 1998, cuando urgido por los intereses de inversionistas extranjeros y del nuevo capital multinacional -encabezado por poderosas empresas biotecnológicas y farmacéuticas- el gobierno federal, con apoyo del gobierno de Chiapas, reinició su política de despeje del territorio de la Selva Lacandona, utilizando como pretexto la conservación y protección del medio ambiente y la ecología.
“Desde entonces se han propuesto –diciéndolo abiertamente- echar fuera de la selva a todos aquellos poblados y comunidades que no les sean incondicionales, a fin de privatizar y vender los valiosos recursos naturales que existen en la selva, a la que nuestros pueblos indígenas se refieren como La Madre Tierra: montañas con gran biodiversidad de plantas y animales de monte; bosques y selvas que regulan el clima y producen oxígeno; recursos minerales que se encuentran debajo de la tierra, y caudalosos ríos y ricos manantiales de agua dulce”.