14 presos indígenas en el penal del El Amate, en huelga de hambre

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 28 Feb.- Zacario Hernández Hernández, un indígena tzotzil del paraje Tres Cruces de San Juan Chamula, preso en el penal de El Amate, acusado de homicidio cumplió 18 días en huelga de hambre, en demanda del desistimiento de la acción penal por parte del Ministerio de Justicia, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).
En el patio del Centro de Readaptación Social número 14, en Cintalapa, un total de 15 reclusos tzotziles y tzeltales que se reivindican como presos políticos, por su activismo social en sus regiones, se unieron al movimiento de Zacario Hernández, declarándose en huelga de hambre por tiempo indefinido, “hasta que el estado mexicano restituya los derechos violentados al momento de su detención y procesos penales”, dijo el organismo.
En un comunicado urgente, emitido la noche del jueves, el CDHFBC, señala que los presos políticos indígenas del “El Amate”, han recurrido a la huelga de hambre, “como un mecanismo de denuncia pública y señalamiento hacia el estado mexicano por la violación a sus derechos humanos, que ha traído como consecuencia la pérdida de su libertad personal y sus expectativas futuras de vida por los años que han transcurrido dentro del centro de detención”.
Al manifestar su preocupación por las deterioradas condiciones físicas y fisiológicas de los indígenas, los que se niegan aceptar cualquier clase de alimento, declarándose dispuestos a llegar hasta la muerte, el Centro dependiente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, solicitó al gobierno de Chiapas, adopte sin dilación, las medidas necesarias para atender las solicitudes de los presos indígenas tzotziles y tzeltales declarados en “huelga de hambre indefinida”.
El organismo de derechos humanos que ha seguido y atendido por varios años el proceso penal de la mayor parte de los indígenas presos, pidió al Ministerio de Justicia del Estado se desista de la acción penal inmediatamente, ya que aseguró que los 15 huelguistas, “se encuentran en riesgo inminente en su vida y estado de salud”.
Asimismo demanda que se les repare el daño moral y económico causado, por todos los años que han permanecido privados injustamente de su libertad.
“huelga de hambre indefinida” Los indígenas presos en “huelga de hambre indefinida”, son: Zacario Hernández Hernández, Mateo Hernández Bautista, Alberto Patishtan Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Juan Gómez Díaz, Jorge López López, Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y Domingo Cruz Gómez.

Caso Zacario Hernández
El CDHFBC relata que a lo largo de cinco años ha dado pleno seguimiento a la situación de Zacario Hernández, a quien considera preso político, ya que señala es acusado es acusado injustamente dentro del caso conocido como “Tres Cruces”. Junto con Zacario Hernández se encuentran también procesados sus compañeros indígenas Mariano Heredia Mocojol (o Gómez), Enrique Hernández Hernández y Pascual Heredia Hernández dentro de la misma causa penal 38 y 39/2003 instruidas ante el Juez Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

La peregrinación del Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas
El pasado 19 de febrero, el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas convocó a una peregrinación a los fieles católicos de Los Altos, en apoyo a la causa de las reivindicaciones de los presos indígenas de “El Amate”, acudiendo cientos de personas en solidaridad con Zacario Hernández y todos los presos indígenas presos injustamente en Chiapas.
A raíz de esta manifestación pacífica, refiere el Centro de Derechos Humanos, el gobierno del estado asumió el compromiso de llegar a una solución en el caso de Zacario Hernández y sus compañeros del paraje Tres Cruces.
“Fue la Magistrada Presidenta de la Magistratura Superior del Estado, Sonia Siman Morales, quien se comprometió a tener una reunión el pasado lunes 25 de febrero a las 13 horas en las oficinas del Palacio de Gobierno en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, sin embargo ésta fue cancelada 30 minutos antes de la hora acordada, sin que se fijara nueva fecha y hora”, narra el organismo.
Ese mismo día, agrega el CDHFBC, declararon dar inicio a una “huelga de hambre indefinida” otros 12 presos más, todos indígenas, tzotziles y tzeltales, y todos internos del “El Amate”.
Añadió que los 12 internos se reivindican como presos políticos, “ya que están acusados de delitos prefabricados y con testigos falsos por delitos comunes cuando en realidad están acusados por su activismo político en sus regiones”.

Los presos
De los 12 internos, 8 son pertenecientes a la organización de presos políticos “La Voz de El Amate”, adherente a la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), la cual está integrada por un total de 10 personas, sus nombres son: Alberto Patishtan Gómez, José Luis López Sánchez, Julio César Pérez Ruiz, José Pérez Pérez, Marcelino Díaz González, Ramón Guardaz Cruz, Juan Gómez Díaz y Jorge López López.
Los otros 4 presos en huelga de hambre se reivindican como “presos políticos zapatistas”, quienes aseguran que fueron acusados con falsedad debido a que en la región se les ubica como zapatistas, mismos que son acusados por los “mestizos” de su región, sus nombres son: Antonio Díaz Ruiz, Antonio Gómez Díaz, Miguel Gómez Gómez y Domingo Cruz Gómez.
Asimismo, el Frayba ha tomado conocimiento de que, el 26 de febrero, Mateo Hernández Bautista se sumó a la huelga de hambre indefinida, él es indígena tzotzil, originario de la comunidad “Rincón Chamula”, y se reivindica como militante de la Central Independiente Obrera y Campesina (CIOAC).

El gobierno de Chiapas criminaliza la protesta social: Frayba

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas a 26 de Febrero de 2008


Lic. Juan José Sabines GuerreroGobernador Constitucional del Estado de ChiapasPalacio de Gobierno del Estado de ChiapasAv. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México
Correo-electrónico: secparticular@chiapas.gob.mx
Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056


Acción Urgente

Denuncia penal por tortura contra Ministerio de Justicia

· Fiscalía de Servidores Públicos minimiza hechos de tortura en contra del profesor Felipe Hernández Yuena y su hijo, de 6 años, Pavel Santiago Hernández.
· Las recientes reformas al código penal del Estado de Chiapas fomentan la criminalización de la protesta social y de la libertad de expresión.

El Profesor Felipe Hernández Yuena, con la representación legal del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C., presentó el día 20 de febrero formal querella penal en contra de policías ministeriales y demás funcionarios adscritos al Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas que participaron en hechos de privación ilegal de la libertad, tortura e incomunicación.

Situación que también afrontó su hijo Pavel Santiago Hernández, de seis años de edad, quien permaneció detenido en el Ministerio de Justicia cerca de nueve horas antes de ser entregado físicamente a sus familiares el pasado 5 de febrero.

Por su parte, la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos del Ministerio de Justicia minimizó los delitos cometidos al admitir la denuncia con carácter de acta administrativa, sin otorgar, a la denuncia penal, la relevancia de una averiguación previa como lo establece la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura; Esta actitud contradice además diversos instrumentos internacionales como lo son: Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de las Naciones Unidas, Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, a los que el Estado Mexicano se comprometió a respetar.

Este caso, confirma la política de criminalización hacia la protesta social y la libertad de expresión, así como la política de persecución de los ciudadanos que intentan ejercer de manera libre sus derechos de carácter político reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos.

Dicha política es ejercida por funcionarios del gobierno del estado, con fundamento en el inquisitivo tipo penal de “incitación a la violencia” adicionado recientemente al código penal del estado, que fue propuesto por el gobernador Juan Sabines Guerrero y aprobado por todas las fracciones del congreso local en señal de subordinación al ejecutivo.

Prueba de lo anterior, es que una vez puesto en libertad el Profesor Felipe Hernández “bajo las reservas de ley”, el Lic. Guillermo Penagos Villar, Fiscal Metropolitano, le expuso en presencia del Subsecretario de Relaciones Políticas, Lic. Yair Vázquez, que por instrucciones del gobernador era puesto en libertad, y “que se la llevara calmada” y “que canalizara todo por las vías institucionales” a lo que el Profesor Hernández Yuena señaló que se ha desenvuelto en ejercicio de sus garantías individuales y que estas son irrenunciables.

Por tal razón el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. solicita:

· Elevar a rango de averiguación previa la denuncia penal por Tortura, incomunicación y privación ilegal de la libertad del Profesor Felipe Hernández Yuena y su hijo Pavel Santiago Hernández Hernández.

· Que se castiguen a los elementos de la policía ministerial y funcionarios del Ministerio de Justicia que estuvieron encargados de su detención, custodia e interrogatorio.

· Que se aplique y de cumplimiento a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura del estado de Chiapas en sus artículos 3 y 4, así como el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por México para Prevenir y Sancionar la Tortura y la aplicación del protocolo de Estambul.

· Derogar inmediatamente los tipos penales de orden político como los son los de “sedición”, “Rebelión” y de “Incitación a la violencia”, los cuales criminalizan la protesta social, la libertad de expresión y alienta las detenciones arbitrarias y la tortura, y que implican una regresión en materia de Derechos Humanos.

· Se garantice el respeto a la integridad física y psicológica del Profesor Felipe Hernández Yuena, su familia y amigos.


Atentamente


Diego Cadenas Gordillo.
Subdirector de Defensa
Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.”

Sentencian a dos indígenas tzotziles por la matanza de Acteal

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 26 Feb.- El Juez Segundo de Distrito de Tuxtla Gutiérrez, dictó auto de formal prisión en contra de dos indígenas tzotziles, de un total de 87 que se encuentran presos en el penal de El Amate, acusados de pertenecer a un grupo paramilitar que perpetró la matanza de Acteal el 22 de diciembre de 1997.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC), manifestó en un comunicado de prensa que la condena a dos implicados, Antonio Pucuj Luna y Mariano Pucuj Luna, a una pena de 26 años de prisión, "confirma responsabilidad de autores materiales en la matanza de 45 indígenas tzotziles".

Los hermanos Pucuj Luna fueron sentenciados dentro de la Causa Penal 46/98. Se trata de 2 de los 87 autores materiales -paramilitares- procesados a lo largo de 10 años en 7 causas penales diferentes.

El organismo informó que el Juez Segundo de Distrito consideró que ambos acusados son penalmente responsables de los delitos de homicidio calificado, lesiones calificadas y portación de arma de fuego sin licencia y de uso exclusivo del Ejército.

Dicha responsabilidad señala, está basada en las pruebas existentes en el expediente, tales como las imputaciones que los testigos presenciales formularon en su contra al señalarlos directamente como quienes junto con otros, privaron de la vida a 45 personas el 22 de diciembre de 1997 en el paraje Acteal, municipio de Chenalhó.

Reparación del dañoPor primera vez, a lo largo de 10 años de juicio, un juez determina que los87 autores materiales encarcelados, deberán realizar el pago a la reparación del daño que consiste el desembolso por concepto de gastos funerarios (siendo un total por los 45 ejecutados, de 70,750 pesos), así como se obligarán a pagar una indemnización por 739, 125 pesos, cantidades que corresponderá ser pagadas de manera solidaria y mancomunada entre los sentenciados, dio a conocer el CDHFBC.

El reconocimiento que la autoridad judicial hace en su sentencia de lareparación del daño, como un derecho fundamental, fue reconocido por elorganismo dependiente de la Iglesia Católica.

Sin embargo, señaló que los criterios de reparación del daño a nivelnacional, "siguen estando lejanos a los criterios de reparación del daño anivel internacional".

El Centro destaca que a lo largo de 10 años, el Estado Mexicano "no ha otorgado Medidas de Satisfacción y Garantías de No Repetición por el caso Acteal", como recomienda a los Estados La Corte Interamericana de Derechos Humanos.Asimismo, dijo que "aún está pendiente que lleve a cabo una investigación seria y eficaz que conduzca al juzgamiento y sanción de los autores intelectuales de la estrategia contrainsurgente en que se inscribió la masacre".

Finalmente el CDHFBC aclara que la sentencia emitida a los hermanos Pucuj Luna, ha sido apelada, "por lo que no podrá ejecutarse hasta en tanto no se resuelva dicha apelación.

La masacre de 45 indígenas tzotziles, la mayor parte mujeres y niños de Acteal, el 22 de diciembre de 1997, todavía provoca polémica 10 años después; la organización a la que pertenecían las víctimas, Las Abejas, sigue reclamando justicia.

Periodista chiapaneco denuncia impunidad

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 25 Feb.- Darinel Zacarías, reportero del periódico El Orbe que se edita en Tapachula, denunció que ha más de un mes de haber sido cruelmente golpeado por delincuentes contratados por las familias de caciques priistas, Ramírez Chávez y Chávez García, que han ostentado el poder por años en el municipio de Unión Juárez, ubicado en las faldas del volcán Tacaná, su caso permanece "engavetado".
En una carta que envía a compañeros reporteros y amigos, el periodista revela que sus agresores Milton Ramírez García, Fernando Sánchez Gómez, Walberto Martínez López, Luís y Gilberto Alexander ambos de apellidos Mérida Roblero, continúan amenazándolo rondando su domicilio, advirtiéndole: "que deje las cosas en paz, si deseo seguir con vida".
Señala que en su localidad, sus agresores "han creado una ley de inseguridad, paseándose a bordo de los vehículos de la familia Ramírez Chávez en completo estado de ebriedad y nadie dice nada.
"Se burlan de mí y de las autoridades, pues argumentan que la madre de Milton Ramírez García, Guadalupe García Muñoz vocifera ser ahijada de la diputada priista Arely Madrid Tovilla y el excandidato a gobernador, José Antonio Aguilar Bodegas, quienes según le brindan protección, y así aquietan al Fiscal de Delitos contra Periodistas, Ignacio Soberano Velasco".
En el texto Darinel Zacarías explica que ha más de un mes de haber sido salvajemente golpeado, luego de haber ventilado en los medios de comunicación, la diversidad de actos ilícitos de la familias Ramírez Chávez y Chávez García, su querella interpuesta ante el Ministerio de Justicia de Cacahoatán, Javier del Porte Flores, no ha prosperado, a pesar de que presentó en tiempo y forma los requerimientos solicitados.
"Javier del Porte Flores solo se ha limitado a decir que la demanda fue turnada a las oficinas centrales de Tuxtla Gutiérrez. A 35 días, me he cansado de llamar a la Fiscalía Especializada Contra Delitos a Periodistas, donde solo se limitan a decir que ellos me localizaran más tarde por que el fiscal salió a comer o está en una reunión".
El reportero afirma que sus agresores contratados por las familias Ramírez Chávez y Chávez García, tienen antecedentes penales, por delitos de Asociación Delictuosa (Asaltaban Bancos) Homicidios calificados, Peculado, fraude, violación, falsificación de documentos apócrifos, enriquecimiento ilícito, y para comprobarlo dice que, sólo basta con revisar la documentación de los centros penitenciarios de Chiapas.
Darinel Zacarías agrega que al denunciar su caso, solo busca que se haga justicia, porque su vida peligra, pues vive con constantes amenazas de sus agresores que rondan su casa a altas horas de la noche.

Presidente Municipal panista de Suchiate se aumenta el sueldo

Tuxtla Gutiérrez, Chis 24 Feb.- El cabildo del ayuntamiento de Suchiate, municipio limítrofe con Guatemala, aprobó por unanimidad el incremento del sueldo 200 por ciento del presidente municipal panista Manuel Serrano de la Torre, para que cobre 135 mil pesos mensuales.
Luego de que estallara el escándalo por el incremento de su salario, Serrano de la Torre convocó a conferencia de prensa para acusar a los regidores plurinominales de oposición a su gobierno, de filtrar la información a los medios de comunicación."La intención es denostar la imagen de esta nueva administración municipal", dijo.
El panista aclaró que el incremento a su salario y el de los regidores, (quienes se aumentaron a 45 mil pesos mensuales) "fue propuesta de ellos".
Explicó que el pasado 28 de enero los integrantes del cuerpo edilicio acordaron por mayoría incrementarse su salarios, "pero el acuerdo se mantiene congelada, no ha sido enviada al congreso, porque estoy consciente que sólo se nos podrá aprobar un 10 ó 15 por ciento de incremento al sueldo".
Incremento del sueldo, buena idea: síndicoPor su parte el síndico municipal Jorge Antonio Medina Rodas, expuso que "la decisión de elevar los salarios, se hizo por consenso de cabildo y porque se había hecho un estudio". Nunca dijo de que.
El síndico indicó: "si el sueldo de un presidente municipal en nómina es de 148 mil pesos, con el impuesto del ISR su presupuesto neto de liquidez, es de unos 100 mil pesos, lo que implica que cobraría 50 mil pesos quincenales".
El síndico declaró que fue una buena idea la propuesta de los regidores en incrementarse el sueldo a 45 mil pesos, y el presidente a 135 mil. "Todos los regidores firmaron de buena fé el acta de cabildos", agregó.
De las denuncias de nepotismo, el edil panista reconoció la contratación de sus familiares cercanos como funcionarios de la administración municipal, "esto se da en Suchiate, tal como ocurre en otros ayuntamientos", dijo.

COMUNICADO PDPR-EPR

BUEN DIA, PARA TODOS. AQUI ENVIANDOLES UN COMUNICADO DE NUESTRO PDPR-EPR.

SALUDOS Y COMO SIEMPRE, AGRADECIENDO LA ATENCION A LA PRESENTE.

APROVECHANDO, ENVIAMOS UN RECONOCIMIENTO A QUIENES EN UN DIGNO EJEMPLO DE VALOR CIVIL Y ETICA HACE ESFUERZOS DE DISTINTAS MANERAS PARA QUE LAS OPINIONES MAS DIVERSAS DE QUIENES DE MANERA CABAL Y COMPROMETIDA LUCHAMOS POR NUESTRO PUEBLO DE MEXICO, MAS AUN EN ESTOS TIEMPOS NADA FACILES DE UN ESTADO POLICIACO MILITAR DE CARACTER FACISTA, GRACIAS.

AL PUEBLO DE MEXICO
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO
A LOS ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS
A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES, POLÍTICAS Y REVOLUCIONARIAS
¡HERMANAS, HERMANOS, CAMARADAS!
En anteriores comunicados hemos afirmado que existe una crisis económica en México en la que la inflación por baja que sea es crónica. Crisis económica que repercute directamente en el nivel de vida de más del 60% de la población, y que ha sido negada primero y aceptada después por Felipe Calderón quien casi al estilo esquizofrénico de Fox un día dice una cosa y otro día lo contrario, signo paralelo en sus funcionarios subalternos como son Guillermo Ortiz y Agustín Cartens.
Sin embargo, y a pesar de la anunciada recesión en E.E.U.U. aún persiste en hacernos creer que será factible crear los empleos ofrecidos desde su campaña y que la crisis económica no nos afectará mayormente cuando los despidos en diversas empresas como la automotriz ya están siendo anunciados a sus trabajadores, los precios de los productos básicos continúan aumentando, los pequeños negocios y tiendas siguen quebrando y el subempleo cada día es más precario; mientras en el campo la siembra de autoconsumo disminuye debido a la emigración de los jóvenes a las ciudades a engrosar los cinturones de miseria y la descomposición social sigue profundizándose.
En el ámbito político hay... ¡Cambios en el gabinete! Sale Francisco Javier Ramírez Acuña de la secretaría de gobernación, entra Juan Camilo Mouriño Terrazo. No importa quién, ya que este cambio no modifica la política del gobierno. Esta sustitución no tendría mayor relevancia si no fuera porque a la ilegitimidad y al fraude del gobierno de Felipe Calderón se le agrega la falta de transparencia que despierta suspicacias en torno al tema de la nacionalidad del actual secretario, que no sería relevante si no constituyera una nueva y flagrante infracción al estado de derecho imperante y una burla más para la sociedad mexicana, lo cual sí “… merece la condena de toda la sociedad...”. ¿No le parece señor Mouriño?
Y no sólo hubo ese cambio, Patricio Patrón Laviada fue nombrado secretario de la PROFEPA, constituyendo otra afrenta, quien además de ser un analfabeto funcional, infringió las leyes en Yucatán, al despojar a ejidatarios más de 300 hectáreas de sus propiedades, retorciendo la ley al cambiar el uso del suelo para beneficiarse a través de sus prestanombres y beneficiar a la oligarquía en dicho estado.
Retomando el nombramiento del secretario de gobernación, en sus primeras declaraciones Juan Camilo Mouriño Terrazo, contundente afirma que “no habrá diálogo con el EPR”, declaración con la que confirma nuestro diagnóstico de que no habrá modificaciones en la política de Felipe Calderón Hinojosa, exhibiendo su verdadera posición antidemocrática y contraria al respeto de los derechos humanos ya que lo que en este momento estamos exigiendo es la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, detenidos desaparecidos desde el 25 de mayo del 2007 en el estado de Oaxaca con la responsabilidad directa de Ulises Ruiz Ortiz, también exigimos la presentación con vida de Francisco Paredes Ruiz y la de todos y cada una de las víctimas del delito de desaparición forzada solapado por Felipe Calderón Hinojosa.
La política de este gobierno seguirá protegiendo los intereses de la oligarquía, por ende continuará violando constantemente los Derechos Humanos contenidos en las garantías individuales y sociales de nuestra formateada Constitución; política que sobreprotege y da manos libres a los gobernadores priístas como Ulises Ruiz Ortiz (quien sistemáticamente detiene, tortura, asesina y desaparece luchadores sociales); a cambio de tener el apoyo de los senadores y diputados de la fracción priísta para la aprobación de la reforma judicial, la venta de los energéticos y la comisión de crímenes de lesa humanidad, influyendo también en algunos senadores y diputados que se dicen de izquierda, al aprovechar sus contradicciones para mantenerlos entretenidos en dimes y diretes que los aleja de las funciones que debieran tener y legislar en beneficio de las mayorías y resolver grandes “pendientes” como lo son la presentación con vida y en libertad de los detenidos desparecidos de los setenta hasta la fecha, la libertad de todas y todos los presos políticos del país. Así como el castigo a los responsables como Luis Echeverría Álvarez y Arturo Acosta Chaparro para empezar a abatir la impunidad.
Impunidad que se placea en Oaxaca en donde los luchadores sociales están siendo detenidos y desaparecidos sin que los diputados, los senadores, la ni tan Suprema Corte de justicia ni los Comisión Nacional de los Derechos Humanos hagan nada concreto para restituir la legalidad que tanto pregonan.
Cabe mencionar que nos deslindamos totalmente de la muerte del señor Alejandro Barrita Ortiz quién como es sabido fue un torturador y represor de luchadores sociales, que gozaba al producir dolor a sus víctimas y disfrutaba de la impunidad, responsable también de la detención desaparición de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, quien se convirtió en un personaje incómodo para el gobierno de Ulises Ruiz por lo que coincidimos en este caso con la versión que Julio Hernández López en su columna ASTILLERO del diario La Jornada del día lunes 4 de febrero, en la que dice que esta muerte “... se dio en el marco de pugnas internas del poder oaxaqueño” opinión con la que coinciden otros brillantes analistas. Falta que también acallen a Vera Salinas, quien hoy se ha refugiado en Cancún, Quintana Roo como Jefe de la Policía y Tránsito.
El miércoles 30 de enero, el diario EL UNIVERSAL publicó en primera plana que (el) “Cisen pide a Ebrard lo proteja del EPR” posición que consideramos es aparentemente pueril porque tiene como trasfondo político la militarización también del Distrito Federal para crearle más problemas al gobierno del PRD, ya que si de vigilancia se trata el Cisen tiene más de 15 de sus agentes vigilando sus instalaciones a quienes ya conocemos y no, no es amenaza Sr. Guillermo Valdez Castellanos, a los revolucionarios nuestra ética no nos permite tomar los agravios de un régimen como el de señor Calderón de una manera personal, como ustedes sí lo hacen junto con todo el aparato judicial al cebarse en los familiares, amigos o hijos al convertirlos en rehenes en las cárceles de máxima seguridad, en donde la tortura psicológica es permanente, el trato físico cruel y se continúa infringiendo las leyes y el estado de derecho que el propio Estado se ha dado, y con esta actitud intentar chantajear a los revolucionarios y dar un mensaje de advertencia a nuestro pueblo y a los luchadores sociales. Diferimos totalmente de las formas y métodos que utilizan y que nosotros jamás hemos utilizado.
Por eso les urge la reforma judicial, para legalizar la injusticia, por eso tienen una alianza con representantes del poder legislativo de los cuales muchos de ellos tuvieron un indignante papel en gobiernos pasados y ahora continúan callando y ponen oídos sordos a los reclamos de Justicia, legisladores cómplices con su silencio o indiferencia que no legislan a favor del pueblo, legisladores que oficialmente no reconocen que en nuestro país hay más de 800 presos políticos y de conciencia y que su papel debiera ser el de legislar en función de la libertad de estos ciudadanos, al igual que la presentación con vida de todos los desaparecidos políticos, demanda surgida en el momento mismo en que se consumaron estos delitos y que sumamos a la exigencia de la presentación con vida y en libertad de nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
Queremos hacer hincapié en que han sido los agravios a nuestro pueblo lo que originó la realización de las acciones político militares del 5 y 10 de julio y 10 de septiembre de nuestro Partido, en un intento por detener la comisión gubernamental de delitos de lesa humanidad en contra del pueblo organizado, acciones de autodefensa en las que el pueblo mexicano no ha sido afectado y que al realizar una consulta por nuestros propios medios hemos obtenido como resultado su aprobación y constatado que ha causado alegría el hecho que haya quien intente frenar a este gobierno no sólo con palabras y buenas intenciones, por lo que nos han conminado a darle continuidad a nuestras acciones de autodefensa, (tómese en cuenta que en encuestas públicas realizadas el año anterior el 13% de los encuestados estuvieron de acuerdo con la lucha armada) y que cuando no se tiene nada que perder pues se vive en la miseria la vida es la más grande ofrenda en aras de legar una mejor vida a nuestros hijos.
Nuestra consulta también arrojó el dato de que un gran número de miembros del ejército federal están de acuerdo con este tipo de acciones de autodefensa que evitan la confrontación directa entre hermanos mexicanos, al dar donde más duele a la oligarquía y al Estado: sus propiedades, sus intereses, su economía; constatamos también un gran descontento al interior del ejército porque es utilizado no para defender a la Nación sino para defender los intereses de oligarcas trasnacionales y políticos vendepatrias, porque lo están desligitimando al entramparlo en la “guerra” contra la delincuencia organizada, lo que le ha producido más de 300 bajas además de que están siendo coaccionados para participar en el tráfico de enervantes y encubrir el delito y, a pesar de sus “servicios” reciben un trato despótico, humillante y hasta de acoso sexual de sus superiores por lo que se ven en la necesidad de desertar, unos para preservar su vida y otros se integran a las filas de la delincuencia organizada con un gran rencor y resentimiento tal que son capaces de acribillar a sus ex compañeros.
Calderón ha pervertido de tal manera al Ejército mexicano que ha hecho que nuevamente (como en 1968 y la guerra sucia de los 70) reprima y cometa atrocidades contra nuestro pueblo con toda impunidad.
El general Justiniano González Betancourt, presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, como buen panista de doble moral, dice que nos patrocina el narcotráfico porque para nuestras acciones necesitamos dinero. A este diputado le decimos que de ninguna manera es cierta su apreciación resultado de su ignorancia, porque no ha leído a los clásicos de la guerra. ¿Dónde habrá estudiado este señor que no sabe que los cambios sociales los hace el pueblo del cual somos parte y que éste tiene creatividad y decisión para luchar contra sus explotadores?, le recomendamos se compenetre con su quehacer legislativo y en lugar de aventurar infundios se aplique a realizar propuestas que saquen al Ejercito mexicano de la servidumbre hacia la oligarquía, la ignominia, la corrupción, la impunidad y sí señor del narcotráfico al que según el Estado combate, sin combatirlo en realidad por estar coludido ya.
Consulta realizada no sólo dentro de nuestra militancia, sino en el seno de los diferentes sectores sociales entre los cuales no han faltado quienes nos han manifestado su disposición a inmolarse heroica y radicalmente contra los instrumentos de la oligarquía, y otros que ya organizados se ponen a disposición esperando órdenes. A los primeros les decimos que es necesario prepararse en la lectura de las experiencias de nuestro lineamiento político para organizar y construir la conciencia anticapitalista y socialista para que esa disposición de combate se reproduzca orgánicamente; a los segundos que mientras se concreta el contacto orgánico a seguir preparando las nuevas fuerzas de la revolución previendo siempre la infiltración, porque hoy a algunos que se dicen revolucionarios ya han sido cooptados por inteligencia militar mexicana y están haciendo un llamado a la unidad a toda costa, experiencia que ya se vivió en los años 70, siendo el resultado la destrucción orgánica de la heroica Liga Comunista “23 de Septiembre”.
Al flamante Juan Camilo Mouriño Terrazo, preguntamos: ¿Cuándo va a informar sobre el paradero de todos los desaparecidos políticos del país? ¿Cuándo presentará vivos y en libertad a nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, a Francisco Paredes, a los hermanos Zamarripa, a Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, a Lauro Juárez, a la señora Dora Avila Betancourt desaparecida desde el 7 de este mes? ¿Qué está haciendo (además de investigarnos e intentar infiltrarnos), para liberar a los más de 800 presos políticos existentes en el país?
El pueblo y sus organizaciones sociales y políticas están logrando algunos acuerdos, se están manifestando masiva y pacíficamente en defensa de sus intereses, las formas de lucha se multiplicarán hasta lograr lo que en Argentina... ¡que se vayan todos los políticos corruptos sean del partido que sean!
Insistimos, no somos parte de la delincuencia organizada, somos luchadores sociales con una moral diferente a la del gobierno, nosotros tenemos nuestros tiempos y nuestras formas, no amagamos ni amenazamos, pero estamos atentos para que se cumplan las demandas del pueblo, del cual somos parte, entre ellas la presentación de nuestros compañeros, la de todos los detenidos desaparecidos y la liberación de todos los presos políticos del país, coincidiendo en esta demanda con campesinos, maestros, obreros, estudiantes e indígenas como los que se manifestaron el pasado 31 de enero.
¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
¡A EXIGIR LA LIBERTAD DE TODOS LOS PRESOS POLITICOS Y DE CONCIENCIA DEL PAIS!
¡POR LA PRESENTACION DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS!
¡POR LA REVOLUCION SOCIALISTA!
¡VENCER O MORIR!
¡POR NUESTROS CAMARADAS PROLETARIOS!
¡RESUELTOS A VENCER!
¡CON LA GUERRA POPULAR!
¡EL EPR TRIUNFARA!
COMITÉ CENTRAL
DEL
PARTIDO DEMOCRÁTICO POPULAR REVOLUCIONARIO.
PDPR
COMANDANCIA GENERAL
DEL
EJÉRCITO POPULAR REVOLUCIONARIO
CG-EPR
Año 44
República Mexicana, a 21 de febrero de 2008.

Frente contra la Represión y la Impunidad

iFRENTE GUERRERENSE
CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD

(FGRI)

Los movimientos sociales y las organizaciones firmantes, nos hemos convocado para integrar un Frente estatal que unifique los movimientos, las luchas y la respuesta de las organizaciones democráticas y de todos los guerrerenses en torno a un incluyente y

UNICO OBJETIVO:


LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD


LA MILITARIZACIÓN Y LA CRIMINALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO SOCIAL

El gobierno federal encabezado por Felipe Calderón, para imponer en México los planes del capitalismo mundial y para cubrirse las espaldas como gobierno ilegítimo, ha militarizado el país con el pretexto del combate a la delincuencia organizada. Con este pretexto ha venido violando sistemáticamente las libertades democráticas y los derechos humanos de los mexicanos, hombres y mujeres.

Sumiso, ante el imperialismo norteamericano, el gobierno mexicano aceptó la imposición de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) acuerdo que obliga al ejército mexicano a entrar en el esquema militar de seguridad de los Estados Unidos. Con la Iniciativa Mérida (Plan México), apéndice de este acuerdo, el gobierno calderonista cede a los Estados Unidos (EU) la soberanía de nuestro país, y se obliga a la entrega de los energéticos para asegurar el abasto requerido por el gobierno estadounidense.

La militarización tiene como fin último reprimir las luchas que se están dando en todo el país: por mejores condiciones de vida y de trabajo; por la soberanía nacional y la defensa de los energéticos, en contra de la privatización de PEMEX y de la industria eléctrica; por la soberanía alimentaría y la defensa del campo; por el pleno respeto a los derechos laborales, la sindicalización y el derecho de huelga de los trabajadores; en contra de la carestía de los alimentos básicos a causa de la entrada en vigor del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio (TLCAN); luchas en contra de la Ley del ISSSTE; por la defensa de los derechos humanos, y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; por la defensa de los pueblos indios y sus derechos fundamentales; por la defensa del territorio, de la tierra y del agua y contra la entrega al extranjero, de la riqueza y los bienes que son de la Nación, o sea, que son de todos los mexicanos.

Para acallar al pueblo y sus justas demandas el gobierno lanzó la iniciativa de una reforma judicial que lleva a nivel de la Constitución la militarización y la represión institucionalizada. Esta iniciativa es una copia de la Ley Patriótica de Estados Unidos (EU), pero más grave, porque es una reforma constitucional. Habrá que obligar al rechazo y cancelación de esta reforma criminal. Calderón somete al pueblo a que sin orden judicial que medie, los agentes policíacos podrán allanar cualquier domicilio con el pretexto que sea. Esta reforma impone un proceso de enjuiciamiento penal acusatorio, eleva el arraigo a nivel constitucional y viola flagrantemente los derechos humanos fundamentales al descartar la presunción de inocencia y el debido proceso. Es una iniciativa dirigida a reprimir al pueblo de México.

El proceso de militarización ha recrudecido las prácticas autoritarias e ilegales utilizadas por el ejército y los cuerpos policíacos contra la ciudadanía. Se han multiplicado las detenciones ilegales, del uso sistemático de la tortura, la desaparición forzada, la persecución a defensores de derechos humanos y luchadores sociales, y se han dado casos reprobables de represión como en Oaxaca y Atenco.


EL GOBIERNO DE GUERRERO Y LA REPRESIÓN A LOS MOVIMIENTOS SOCIALES

En Guerrero, el gobierno de Zeferino Torreblanca ha optado por la represión como forma de gobernar. Canceló definitivamente el diálogo con los guerrerenses que luchamos por el respeto de los derechos humanos, sociales y políticos más elementales así como la defensa de nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La violación sistemática de los derechos humanos ha generado un proceso de ingobernabilidad en el estado.

Se han multiplicado y recrudecido los actos de represión: Los estudiantes y maestros egresados de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa fueron brutalente golpeados por los cuerpos represivos y posteriormente fueron encarcelados. Los campesinos de la Sierra de Atoyac sufrieron cateos ilegales por las policías federales que cercaron pueblos enteros. Los comuneros y ejidatarios de La Parota siguen enfrentando las acciones ilegales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del gobierno del estado, a pesar de que hay amparos y medidas precautorias ganadas por los campesinos que prohíben el acceso de la CFE a su territorio. Las desapariciones forzadas y las órdenes de aprehensión sobre delitos fabricados siguen marcando el actuar represivo del gobierno estatal.

El gobierno de Guerrero es un gobierno antidemocrático que gobierna solamente para los empresarios. Con ellos estableció un pacto para proteger e incrementar sus intereses. El único el diálogo que acepta es entre empresarios, o sea, sus socios. Son reuniones para hacer negocios. Los grandes ricos exigen al gobierno que proteja sus propiedades y sus corruptelas; que expulse a campesinos para arrebatarles sus tierras y reprima a quien se oponga al despojo por parte de las empresas depredadoras, nacionales o extranjeras. Se empeñan en expulsarnos de nuestros territorios para llevarse los minerales, la energía, la biodiversidad y el agua para hacer negocios millonarios. El gobierno de Guerrero no es un gobierno para todos los guerrerenses. Torreblanca decidió entregar el estado a los empresarios que dicen que vienen a invertir para crear empleos. Si eso fuera cierto, hace mucho que no habría pobres en Guerrero. Las supuestas inversiones no son sino negocios personales o de grupo cuyas ganancias las comparten con los gobernantes que les entregan concesiones, sin beneficio alguno para el estado, menos para el pueblo guerrerense.

En Guerrero, como en Oaxaca, Chiapas, Puebla, Atenco, la represión se instaló como la forma más descarada de violencia institucional.

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

El estado de Guerrero ha sido cuna de los más grandes defensores de las libertades democráticas, por la justicia y la defensa de los derechos del pueblo. En estas luchas participaron miles de guerrerenses desde la Independencia, la Reforma, y la Revolución hasta las luchas encabezadas por Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Toca a las actuales generaciones defender las conquistas históricas e imponer un verdadero estado de derecho en el que se respeten la justicia y la dignidad de los pueblos.

Son base de este Frente, las demandas por la libertad de los presos políticos, la presentación con vida de cientos de desaparecidos, la exigencia por la cancelación de cientos de órdenes de aprehensión contra luchadores sociales, el esclarecimiento de asesinatos y sobre todo el fin de la impunidad con que se mueven los cuerpos represores, los funcionarios gubernamentales y aquellos depredadores que han matado campesinos para quedarse con terrenos ejidales y comunales para desarrollar sus proyectos, sobre todo inmobiliarios. Acapulco Diamante es el ejemplo más reprobable de esta rapiña. Deberemos acabar con la impunidad que les da el poder y el dinero.


CARÁCTER DEL FRENTE

Un Frente democrático, independiente del gobierno y de los partidos políticos.

Un Frente en el que participen todas las fuerzas sociales bajo el total respeto a la independencia, la autonomía y los métodos de lucha de cada uno de los movimientos y organizaciones que lo conforman.

Un Frente que anteponga la movilización como método fundamental de lucha.

Un Frente que trabaje en una estrategia general de respuesta social y, que a la vez, responda a la solidaridad con cada uno de los casos de represión a movimientos y luchadores sociales.

EJES DE LUCHA

Responder unitariamente a la represión desplegada por el gobierno del estado de Guerrero.
Detener la militarización que está imponiendo el gobierno calderonista en todo el país.
Rechazar tajantemente la reforma judicial de Calderón.
Denunciar y castigar la desaparición, la tortura, el despojo, la esterilización forzada y la violación a mujeres, particularmente la violación de militares a mujeres indígenas.
Exigir castigo para quienes impunemente masacraron campesinos en El Charco y en Aguas Blancas.
Luchar por la libertad de todas y todos los presos políticos.
Exigir la presentación con vida de las y los desaparecidos.
Abolir la tortura y castigar a quien la ejerce.
Frenar el proceso de criminalización de la protesta social.
Desterrar la impunidad.
Acabar con la violencia institucional y el terrorismo de Estado.
Exigir seguridad jurídica y respeto a las garantías individuales.
Exigir pleno respeto a los derechos laborales.
Defender los derechos de los campesinos y detener el despojo de sus tierras.
Luchar por la defensa de los derechos y la cultura de los pueblos indios.
Obligar al gobierno a respetar el mandato constitucional de Educación laica, gratuita y escolarizada para Todas y Todos los mexicanos.
Frenar el proceso de pauperización y miseria de millones de mexicanos.
Defender los recursos naturales en contra de la depredación de las empresas.
Emprender la defensa del país. Detener el intento de los gobernantes vendepatrias por entregar a las empresas trasnacionales los recursos naturales, los energéticos y el agua que son propiedad de todos los mexicanos.
Participar en la lucha nacional contra la privatización del petróleo, el gas, la energía eléctrica y el agua.

ESTRATEGIAS

Integrar a todas las fuerzas democráticas del estado de Guerrero en la lucha por la defensa de los derechos humanos, contra la represión y la impunidad.

Estructurar un programa de lucha estatal por la defensa de los Derechos Humanos que arranque con una gran movilización de todas las fuerzas democráticas del estado.

Confrontar al gobierno ante sus propias leyes. Demandar penalmente al gobierno por sus actos represivos. Acabar con la impunidad. “La protesta social es un derecho, la represión es un delito”.

Responder unitariamente ante todo acto de represión del gobierno y ante la tortura institucionalizada.

Hacer frente común contra los actos intimidatorios del gobierno, la provocación, amenazas de muerte y órdenes de aprehensión contra los luchadores sociales.

Respaldar las luchas por Derechos colectivos. Impulsar formas comunitarias de organización y desarrollo.

Hacer de la solidaridad el eje de unidad de los movimientos y la lucha social.

Avanzar en la consolidación de la gran respuesta social de masas.


PLAN DE ACCIÓN

Exigir la libertad de todos los presos políticos.
Reclamar la aparición con vida de los desaparecidos durante la guerra sucia y de los desaparecidos en los años subsecuentes hasta el momento actual.
Implementar la policía comunitaria en las comunidades rurales.
Denunciar los casos de violación a niños y niñas. Exigir castigo a los violadores.
Conformar un bufete jurídico que atienda los casos de indígenas presos.
Denunciar y desterrar el método de la tortura.
Defender la Normal de Ayotzinapa y su sentido rural, popular y humanista.
Exigir el pago de salarios no cubiertos a maestros de la CERP-CETEG.
Convocar a una Convención estatal para analizar los problemas del agro.
Crear talleres comunitarios y bancos de alimentos básicos.
Crear mecanismos para detener la inflación en alimentos y medicinas.
Dar la más amplia solidaridad a los ejidatarios y comuneros del CECOP.

Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, Mpio. de Acapulco, Gro.
9 de Marzo de 2008


ORGANIZACIONES FIRMANTES

Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Parota, Equipo del Programa de televisión por cable sobre derechos humanos “Liberación”, Asociación de familiares de detenidos desaparecidos y Victimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, AFADEM-FEDEFAM; CIOAC-Roja, Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Movimiento Popular “Vicente Guerrero”, Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación CETEG, Consejo Regional de la variante Bathaa, Fidderp Universidad Campesina del Sur, Alianza por la dignidad de Guerrero, Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Comité de familiares y amigos de secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Mujeres Solidarias, Comité “EUREKA”, S.I.C.T.S.-FUERZA, Taller de Desarrollo Comunitario A.C-TADECO, Organización Campesina de la Sierra del Sur, O.C.S.S., Consejo Ciudadano Chilapa, Colectivo Rebelión.

Asistentes a reuniones anteriores
Comité de seguimiento al caso del periodista Amado Ramírez, Ejidatarios De Carrizalillo, Comité de los hijos de ejidatarios y avecindados del Ejido de Icacos, Ejidatarios de Carrizalillo, Tlachinollan, Unisur-MIG, Comunidad Indígena Popular Emperador Cuauhtémoc, Mujeres de Roncón de Chautla.

Descubren 229 inmigrantes de Brasil, Ecuador y Centroamerica

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 de Feb.- Un total de 229 inmigrantes indocumentados de Brasil, Ecuador, El Salvador, Honduras y Guatemala fueron descubiertos la madrugada de este jueves en la región de la costa en condiciones de hacinamiento en el doble fondo de un trailer, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

La detención tuvo lugar en la caseta de inspección migratoria "Echegaray" localizada en el municipio de Pijijiapan, donde agentes del INM realizan revisiones a los vehículos que transitan por la región de la costa de Chiapas.

Tras conseguir parar el trailer de carga, los agentes migratorios descubrieron un doble fondo en la caja del tractocamión, el cual se encontraba dividido con tarimas, y escondidos entre cajas de cartón de plátano, había 5 brasileños, 8 ecuatorianos, 4 hondureños, 6 salvadoreños y 206 guatemaltecos, detalló la dependencia.

Entre los inmigrantes indocumentados se cuentan 52 mujeres y tres menores de edad, los que declararon haber salido de la ciudad fronteriza de Ciudad Hidalgo, rumbo a la ciudad de México, de donde saldrían para Estados Unidos con la intención de buscar empleo.

El chofer del trailer Pablo Sánchez Pérez o Carlos Sánchez Pérez, había asegurado a los agentes migratorios que transportaba banano al centro del país.

Los agentes del INM lo arrestaron por tráfico de personas extranjeras, poniendolo a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR) indicó la dependencia.

El miércoles, la Policía Federal Preventiva (PFP) informó que detuvo a 79 centroamericanos en la carretera La Trinitaria - Comitán, fronteriza con Guatemala cerca del centro turístico Lagos de Montebello.

El estado de Chiapas es un paso obligado para miles de inmigrantes de Centroamérica, Sudamérica y Cuba que tratan de cruzar México para llegar a Estados Unidos.

De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2007 fueron detenidos en Chiapas 57.494 inmigrantes sin papeles, la mayoría originarios de países centroamericanos.

Día de Acción Internacional contra la represión en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 Feb.- Grupos y organizaciones europeas en solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), se pronunciarán este próximo viernes 15 en embajadas y consulados mexicanos en el exterior, para exigir la "suspensión de la guerra de contrainsurgencia contra las comunidades indígenas y zapatistas".
En una jornada que han denominado "Día de Acción Internacional contra la Represión en Chiapas", activistas del Gruppe B.A.S.T.A. de (Munster, Alemania) y Atenco Resiste (Berlin), actualmente Chiapas, México, señalaron que buscan demostrar a la opinión pública en Europa que no han olvidado elconflicto y la resistencia en Chiapas.
"Queremos mostrar al gobierno mexicano que en Europa observamos atentamente y preocupadamente la situación en Chiapas".
La movilización se realiza en el marco del duodécimo aniversario de la firma de los Acuerdos de San Andrés, los que se discutieron entre el EZLN y el gobierno federal cuyo objetivo era garantizar la autonomía indígena.
En la convocatoria publicada en la página chiapas.indymedia.org/, los colectivos europeos afirman que "la situación de las comunidades indígenasen resistencia ha empeorado con la realización del Plan Puebla Panamá y otros megaproyectos neoliberales, que requieren el acceso infraestructural y turístico de las reservas de biosfera en Chiapas".
Describen como en agosto de 2007, cuatro comunidades indígenas fueron desplazadas violentamente de la reserva de la biosfera Montes Azules en la Selva Lacandona.
Asimismo señalan que "hace un año la cuantidad e intensidad de los ataques paramilitares por parte de la Organización de la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) contra las comunidades zapatistas están aumentando alrededor de Agua Azul, las cascadas más conocidas y visitadas de México".
Por esa situación, refieren, que organizaciones locales e internacionales han convocado a un boicot turístico hasta que cesen las agresiones contra las comunidades zapatistas.
"Desde septiembre de 2007, el poblado zapatista Bolon Ajaw ha sido afectado por varias amenazas y ataques por parte de la OPDDIC por el hecho de que el pueblo está localizado en el camino hacia unas cascadas que todavía no tienen acceso turístico".
Según los colectivos, la OPDDIC junto con el gobierno estatal planea un nuevo proyecto turístico con lo que se pretende desplazar a la comunidad zapatista, ya que estos deniegan el reasentamiento voluntario, la misma que ha sido afectada por varios ataques y amenazas de muerte.
En la movilización los europeos simpatizantes del EZLN se manifestarán por la suspensión de cualquier tipo de agresiones contras las comunidades zapatistas y otras en resistencia.
La suspensión de la guerra de contrainsurgencia contra las comunidades indígenas y zapatistas, y el retiro de los campos militares en la región indígena de Chiapas.
La libertad de todos los presos políticos, la anulacióndefinitiva de los desalojos violentos en el terreno indígena de Chiapas.
El respeto a la autonomía indígena, y el fin de la cooperación entre organizaciones paramilitares como la OPDDIC, el Ejército o la policía.
La campaña de solidaridad de los grupos y organizaciones europeas, responde a la convocatoria que el EZLN lanzara "para luchar contra la represión que los movimientos sociales de Chiapas vienen sufriendo desde 1994", pero la que los zapatistas afirman, se ha intensificado durante los últimos años.

Detiene la policía a 79 centroamericanos

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 Feb. Un total de 79 indocumentados centroamericanos de Guatemala, El Salvador y Honduras fueron detenidos en el estado mexicano de Chiapas, sureste de México, en una carretera fronteriza con Guatemala, informó la policía federal.
La Policía Federal Preventiva (PFP) informó que la detención de los inmigrantes se logró en un operativo realizado en el tramo carretero La Trinitaria = Comitán, a la altura del poblado Juncaná, fronterizo con Guatemala.
Los inmigrantes 62 hombres y 17 mujeres, 61 de nacionalidad guatemalteca, 15 salvadoreños y tres hondureños viajaban en tres camionetas una de ellas con placas de Estados Unidos, indicó la policía.
La PFP dijo que los centroamericanos viajaban en condiciones infrahumanas, aunque no informó la detención de traficantes de personas.

Detienen a 41 indocumentados de Centroamerica

Tuxtla Gutierrez, Chis. 13 Feb. Un total de 41 indocumentados centroamericanos que viajaban hacinados en el doble compartimiento de un camión que simulaba trasladar a un grupo musical, fueron descubiertos este miércoles por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en la autopista Ocozocuatla Las Choapas.
La delegación local del INM informó que la detención de los inmigrantes ocurrió durante una revisión de rutina, en la autopista Ocozocuatla = Las Choapas, una vía rápida que comunica al estado de Chiapas con Veracruz y la ciudad de México.
El doble fondo en que viajaban los inmigrantes estaba acondicionado con ventiladores, así como un "respiradero", es un decir un pequeño boquete mediante el cual los indocumentados recibian un poco de aire.La dependencia detalló que los indocumentados, entre ellos un menor de 10 años de nacionalidad hondureña, 25 son salvadoreños y 16 son hondureños.
En declaraciones a la prensa, los inmigrantes señalaron que habían salido de esta ciudad capital del estado de Chiapas, y como primer destino esperaban llegar a Las Choapas Veracruz, para luego continuar su viaje a Estados Unidos.
Junto con los inmigrantes fue detenido Marco Antonio Jiménez Venegas de 25 años, originairo de esta ciudad, por su presunta responsabilidad en el tráfico de personas extranjeras, quedando a disposición de la Procuraduría General de la República (PGR).
El estado de Chiapas es un paso obligado para miles de inmigrantes de Centroamérica, Sudamérica y Cuba que tratan de cruzar México para llegar a Estados Unidos.
De acuerdo a estadísticas del Instituto Nacional de Migración (INM) en 2007 fueron detenidos en el estado de Chiapas 57.494 inmigrantes sin papeles, lamayoría originarios de países centroamericanos.
Durante el mes de enero el INM reporta la detención de 4 mil 37 extranjeros indocumentados, en su mayoría centroamericanos.

Detienen con armas a hijo de expresidente municipal perredista

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 12 Feb.- La Policía Estatal Preventiva (PEP) y personal del Ejército Mexicano detuvieron al hijo del expresidente municipal perredista de Palenque, Alfredo Salgado Vidal de 20 años, en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, revelaron fuentes del Ministerio de Justicia zona Selva.
A pesar que Salgado Vidal, acompañado de un amigo, Jorge Arturo Jiménez, fueron consignados ante las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público de la Federación (MPF), en ese lugar, Raúl Enrique Aguilar Lavaderos, lo puso en libertad mediante el pago de una fianza de 700 mil pesos.
Personal de la Fiscalía Regional zona Selva reveló que Alfredo Salgado hijo del exalcalde Alfredo Salgado, fue detenido la medianoche del pasado domingo junto con otro joven, Jorge Arturo Jiménez, de 18 años, en posesión de dos armas tipo escuadras de 9 y 10 milímetros, así como con una caja de cartuchos del mismo calibre.
Todo comenzó cuando los dos jóvenes al parecer en estado de ebriedad, escandalizaban en un bar de ínfima categoría "El Rabanito", localizado en las afueras de la ciudad.
Los administradores de la cantina, solicitaron la intervención de la policía municipal, pero en virtud de que los jovenes, considerados juniors en la localidad de Palenque, estaban fuertemente armados, la policía estatal solicitó el apoyo del personal del Ejército Mexicano de la guarnición militar en Palenque.
Finalmente fueron los soldados quienes lograron someterlos, para luego ponerlos a disposición del MPF, quien a pesar de que se trataba de un delito grave que no alcanza fianza, dejó en libertad al hijo del exedil del PRD, y a su amigo.

Sismo en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis 11 de Feb.- Un sismo de 4.8 grados de magnitud en la escala de Ritcher sacudió estar tarde del lunes al estado de Chiapas y parte de Oaxaca, en el sureste de Mexico, aunque no se reportaron víctimas o daños materiales, informó la Subsecretaría de Protección Civil.
Luis Manuel García Moreno, subsecretario de Protección Civil de Chiapas, dijo que el temblor tuvo se registró a 35 kilómetros al oeste del municipio chiapaneco de Arriaga, particularmente bajo territorio oaxaqueño, sobre el pacífico.
El sismo que tuvo una profundidad de 109 kilómetros provocó crisis nerviosa entre los habitantes de la costa de Chiapas, donde se sintió con granm intensidad.El funcionario dijo que hasta al momento no se reportan víctimas o daños a inmuebles.
Finalmente señaló que las autoridades de protección civil, se mantienen al pendiente ante la ocurrencia de cualquier sismo para atender cualquier solicitud de la población.

Recomendaciones de la CCIODH de su visita a Chiapas

Diez años después de nuestra primera visita y, tras el trabajo desarrollado a lo largo de estos siete días, podemos hacer un balance provisional del estado de cumplimiento de nuestras anteriores recomendaciones.
La perspectiva histórica que nos ofrece el tiempo transcurrido desde nuestra primera visita, así como el anuncio por parte del nuevo gobernador Juan Sabines de dejar atrás algunas de las prácticas de gobiernos anteriores, justificaba el interés de nuestra presencia en Chiapas.
Después de entrevistarnos con un amplio número de personas, organizaciones, sectores sociales e instituciones, presentamos las siguientes
CONCLUSIONES PROVISIONALES
1. A 10 años de la masacre de Acteal, la situación social en Chiapas sigue atravesada por profundas dinámicas de desigualdad y exclusión. Tales dinámicas afectan a la mayor parte de su población, siendo especialmente intensa en el caso de las mujeres y de la población indígena y campesina.
2. Los poderosos obstáculos en el acceso a recursos básicos para la supervivencia y el libre desarrollo individual y colectivo, se sitúan en el trasfondo del conjunto de las graves vulneraciones de los derechos humanos detectadas. Tales dificultades afectan esencialmente a la posesión de la tierra, el acceso al agua, a la energía y a la biodiversidad en su conjunto.
3. La desigual e insuficiente satisfacción de servicios básicos en el terreno educativo y de salud, junto con otras vulneraciones de derechos sociales y culturales fundamentales explican igualmente la preocupante situación de los derechos humanos en la región.
4. La existencia de necesidades básicas insatisfechas, junto con la falta de confianza en los cauces institucionales de participación, genera procesos de organización social. La reivindicación colectiva organizada, en efecto, es vista como única vía de realización, siempre parcial, coyuntural y competitiva, de los intereses y necesidades más esenciales.
5. En algunos casos la movilización colectiva supera la dimensión reivindicativa para apostar por respuestas de autotutela de los derechos. La construcción de las autonomías indígenas de las comunidades zapatistas es sin duda el ejemplo más avanzado pues genera espacios propios de participación social, económica y política cuya intensidad desborda los referentes institucionales y confronta profundas dinámicas de dominación cultural todavía vigentes.
6. Frente a lo anterior, los poderes públicos han venido respondiendo con políticas de desarrollo social que no han respetado esta realidad, ni han incorporado seriamente la participación de las comunidades en el diseño de las mismas. Por tanto, su implementación viene creando división y conflictos en muchas comunidades.
7. La política de control y represión de esta movilización colectiva también ha diseñado contextos de vulneración de derechos humanos. Tal y como ya se constató en informes anteriores, la presencia militar en la zona constituye también un elemento que favorece el conflicto. La continuidad de tal presencia militar resulta desproporcionada y por tanto es injustificada.
8. La primera visita tuvo como objeto la reacción de la sociedad civil internacional frente a la masacre de Acteal. En la actualidad -diez años después- podemos afirmar que la impunidad continúa. La creación, por parte del nuevo gobierno, de la Fiscalía especializada para el caso de Acteal no ha logrado ningún avance significativo al respecto. La detención de sujetos ya condenados por estos hechos, la revisión de las sanciones administrativas ya impuestas o la firma de acuerdos con la comunidad sin reconocimiento de la verdad sobre los hechos son simplemente actos políticos de carácter simbólico, inútiles para el alcance de la justicia.
9. La CCIODH advierte que en la actualidad continúan apareciendo numerosos casos de impunidad de los servidores públicos. Este hecho no favorece en absoluto la confianza en el sistema judicial ni dibuja el mejor contexto para la lucha contra las violaciones de derechos humanos. Pese a algunos gestos de buena voluntad del nuevo equipo de gobierno, no se ha avanzado realmente en este aspecto. Especialmente inquietante resulta la reiteración de un patrón de actuación de servidores públicos consistente en la consideración denuncias falsas, el uso del maltrato físico como medio de obtención de declaraciones autoinculpatorios y el valor probatorio de tales confesiones en el proceso judicial. Este modelo, que frecuentemente concluye con sentencias de muchos años de cárcel, sirve como mecanismo para la persecución de miembros de organizaciones sociales y como instrumento de contrainsurgencia, en el que participan además particulares en connivencia con las autoridades.
10. Desde nuestros primeros informes hemos venido destacando la presencia de grupos paramilitares así como recomendando su disolución y desarme. Lamentablemente, seguimos detectando tanto la continuidad de su presencia como su conexión con agentes de la seguridad pública. En algunas áreas geográficas su actividad incluso ha aumentado.
11. La CCIODH ha detectado numerosas irregularidades en el funcionamiento de la justicia que la hacen partícipe del mencionado modelo de reacción frente a las organizaciones sociales y en especial contra personas y comunidades indígenas, respecto de las cuales la indefensión continúa siendo regla general.
RECOMENDACIONES
1. La extensión y democratización del acceso a los recursos y servicios básicos constituye el punto de partida de cualquier avance en la vigencia de los derechos humanos en Chiapas. Por ello, deberían abandonarse aquellas políticas de carácter neoliberal que conducen a un acceso restringido y privatizado a los recursos básicos y que además se han demostrado insostenibles ecológica y socialmente.
2. Los poderes públicos deben respetar y promover los procesos de autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dada su demostrada capacidad de satisfacción de necesidades básicas.
3. Cualquier programa gubernamental de desarrollo económico y social deber ser consensuado con los sectores sociales verdaderamente representativos. Cuando éstos afecten a los intereses de los pueblos indígenas necesariamente se deberá obtener de los mismos su consentimiento previo, libre e informado, tal y como exige la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
4. Constituye una necesidad inaplazable emprender la desmilitarización de la zona. La presencia militar debe ser estrictamente limitada al desarrollo de las funciones constitucionalmente señaladas, evitando a toda costa su incidencia en la vida de las comunidades.
5. Debe procederse definitivamente al desarme y disolución de todos los grupos paramilitares aún presentes en el Estado, a la persecución jurídica de sus miembros y máximos responsables y a la depuración de responsabilidades políticas que se pudieran derivar.
6. Los poderes públicos deben implicarse de inmediato y de manera contundente en la lucha contra la impunidad. Más allá de reformas normativas pendientes, es imprescindible la determinación política para acabar con este fenómeno.
7. Debe abandonarse toda práctica de utilización del sistema punitivo para criminalizar y reprimir los movimientos y las organizaciones sociales. En este sentido, es necesario introducir reformas tendentes a eliminar las situaciones de indefensión, abuso de poder, vulneración del principio de presunción de inocencia, construcción de denuncias falsas, y la creación de delitos que por su amplitud puedan ser utilizados en esta dinámica represiva.
8. Es urgente abordar una reforma estructural del sistema de impartición de justicia que asegure su verdadera accesibilidad, su imparcialidad y la vigencia de todas las garantías básicas. Debe asegurarse una defensa de oficio de calidad, la presencia de traductores de confianza que garanticen los derechos lingüísticos de las personas indígenas y permitir que las víctimas de sucesos delictivos puedan actuar como parte en los procesos judiciales, abandonando el monopolio del ministerio público y con ello evitar sospechas sobre su parcialidad.
9. Por último, la realización de la justicia se constituye como el elemento imprescindible e inaplazable para construir la memoria histórica del conflicto.
Sólo sobre el reconocimiento de la verdad es posible construir las bases para la reparación a los afectados y la solución de los problemas psicosociales derivados del mismo.
San Cristóbal de las Casas, a 9 de febrero de 2008

Atentamente:Comisión de Prensa de la CCIODH

La CEDH hará un estudio sobre la creación de un nuevo delito en Chiapas

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 8 de Feb.- La Comisión Estatal de Derechos Humanos hará estudios jurídicos sobre las reformas que en materia penal hizo el congreso local para crear el delito "incitación a la violencia", informó el ombudsman Juan Carlos Moreno Guillén.
"El tema ha levantado ámpula. por lo que haremos estudios jurídicos con respeto, y procuraremos hacerselos llegar a los diputados en caso de encontrar deficiencias, aunque seguramente los diputados tuvieron una valoración para hacerlo", declaró Moreno Guillén.
El titular de la Comisión Estatal de derechos Humanos (CEDH) reconoció en entrevista con reporteros que en la entidad hay muchos comentarios alrededor de las reformas al código penal y el nuevo delito "incitacíón a la violencia".
"Creo que sería prudente que el legislativo valorara bien los comentarios que hacen las organismos no gubernamentales, los periodistas, los partidos políticos y hagan sus propias valoraciones, yo soy respetuoso del poder legislativo", dijoEl ombudsman chiapaneco comentó que aunque el tema estará en boga, hasta ahora, desde su aprobación, no se ha registrado ningún caso en concreto que se le haya aplicado el delito, por lo que señaló aventurado criticar la reforma.
"No sabemos siquiera como van a interpretarlos los jueces, de haber un caso, el poder judicial determinará como está tipificado el delito y cómo será la aplicación".
Entrevistado antes de sostener un encuentro con integrantes de la Comisión Civil Internacional de Observación para los Derechos Humanos (CCIODH), Moreno Guillén dijo que la CEDH está abierta a escuchar todas las opiniones en torno al tema, "nuestra labor es ser conciliador entre sociedad y gobierno", resaltó.
Finalmente informó que durante 2007, la instancia a su cargo realizó 16 recomendaciones de violaciones a los derechos humanos principalmente en materia de procuración de justicia y de seguridad pública.

La protesta es un derecho, la represión un delito: Obispos

San Cristóbal de las Casas, Chis. 7 Feb.- Desde hace varios años en México, se viene viviendo un proceso en el cual se equipara y trata como delincuentes a las personas y organizaciones que realizan protestas sociales, declaró el obispo emérito de esta ciudad, Samuel Ruiz García.
En conferencia de prensa, acompañado por el obispo de Saltillo Coahuila, Raúl Vera López, donde organizaciones de derechos humanos que trabajan en Chiapas se sumaron a la campaña nacional en contra de la criminalización de la protesta social que impulsa la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, "Todos los derechos para todas y todos", el prelado dijo que la protesta es un derecho, la represión un delito.
Señaló que en la actualidad el Estado mexicano frente a las acciones organizadas de protesta social responde de forma represiva, bajo algunas de las siguientes modalidades: cierre de los espacios de diálogo, represión policial, descalificación de quienes se manifiestan y protestan, militarización de la vida civil y propiamente la criminalización de la protesta social.
"La criminalización de la protesta social consiste en llevar los conflictos sociales a la arena judicial, encarcelar a los integrantes de los movimientos y obligarlos a enfrentar largos y adversos procesos", resaltó el obispo.
Esta política de criminalización detalló- "es en realidad una política de control del descontento social, empleando cada vez más la legislación penal para enfrentar dicha inconformidad".
Indicó que en Chiapas como en México la criminalización de la protesta social se manifiesta en: en detenciones arbitrarias, acoso y persecución de defensores, equiparar a luchadores sociales con delincuentes, agravar las acusaciones imputándoles delitos políticos o contra la seguridad nacional, ilegalizar la protesta social, reformando el código penal tipificando nuevos delitos, así como agregando faltas al debido proceso legal.
El obispo Ruiz García insistió en que "la protesta social es la expresión del descontento ciudadano frente a decisiones en las que no han sido consultados, no han estado involucrados o que les desfavorecen y perjudican".
Durante el evento celebrado en las oficinas del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, organismos como el Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdova; el Centro de Derechos Indígenas, el Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, el Comité de Defensa de las Libertades Indígenas, y el Comité de Derechos Humanos, Fray Pedro Lorenzo de la Nada, denunciaron que en Chiapas, en menos de un mes, se han registrado hechos que "dan cuenta de la tendencia hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos".
Las organizaciones señalaron que a partir de la aprobación por el congreso local sobre la creación del delito "incitación a la violencia", policías estatales han detenido a líderes sociales y campesinos como Felipe Hernández Yuena, y Pedro Matusalén Vázquez, quienes se manifestaron en contra del Tratado de Libre Comercio.Otros hechos, como el desalojo de indígenas de la Alianza de Organizaciones y Partidos Políticos para el Desarrollo y Defensa de los Derechos de las doce lenguas indígenas, así como la detención de cuatro colonos que protestan por mayor seguridad en Tuxtla Gutiérrez, "dan cuenta de las tendencia gubernamental hacia criminalizar las protestas sociales y ciudadanas en la exigencia de sus derechos".
Para los obispos Samuel Ruiz y Raúl Vera, "la protesta social es la garantía social de los derechos humanos frente a gobiernos que incumplen con garantizar los mismos; por lo cual a la protesta social se le reconoce como autotutela de derechos, que son formas de acción en las que los propios titulares emplean vías directas para reclamar o defender un derecho".

Se organizan indígenas campesinos de Chiapas para defender la Selva Lacandona

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Feb.- Comunidades, ejidos y rancherías de las siete cañadas de la selva lacandona, se reunirán en un foro en Ocosingo, para "revivir un movimiento regional y nacional de lucha y unidad" en defensa de sus tierras, así como el aprovechamiento y resguardo comunitario de los recursos naturales, informó la organización ambientalista, Maderas del Pueblo del Sureste.
El encuentro convocado para celebrarse los días 24 y 25 de este mes en la comunidad tzeltal de Betania, los participantes se integrarán en un frente que rechaza las reubicaciones de los poblados en la selva lacandona, así como la venta y la negociación de la tierra.
"La madre tierra, el territorio y sus recursos naturales, no pueden ser mercancías ni negocio privado: como indígenas mayas sabemos que son la base de la vida, a través de la solidaridad y el intercambio entre nuestro pueblos", señala la Ongs en un comunicado.
En la convocatoria hecha para el encuentro, las organizaciones y colectivos participantes resaltan que los pueblos indígenas y campesinos, han sido y siguen siendo los resguardantes y transformadores del territorio, por lo que se comprometen a su manejo y aprovechamiento comunitarios, "para bien y futuro de nuestros pueblos y del pueblo mexicano".
La colonización de la selva
En el texto las agrupaciones reseñan: “desde los años 70s, los intereses del Capital y los malos gobiernos han pretendido apoderarse del Territorio y las riquezas naturales de la Selva.
Hace treinta años lo hicieron para favorecer la extracción maderera, llevando a cabo un inmenso fraude agrario a través del decreto de la llamada 'Comunidad Zona Lacandona' y poco después –para disfrazarlo de 'verde', impusieron la Reserva de Biosfera Montes Azules”.
Con esto destacan-, se violaron los derechos a la tierra y al territorio y se iniciaron las amenazas y acciones de desalojo, de pueblos Tseltales, Ch'oles, Tojolabales y Tsotsiles, asentados ahí desde los años 50s y 60s.
Narran que en ese entonces, los pueblos indígenas respondieron organizándose de forma unida, para resistir y defender sus derechos, fundando así la Unión de Ejidos Quiptic ta Lecubtesel y luego, la Unión de Uniones.
“Esa fuerza unida de entonces obligó a negociar a los gobiernos federal y estatal. La injusticia y la falta de respuestas a nuestras demandas hizo que muchos de nosotros participáramos en el justo levantamiento armado zapatista de 1994”.
Sin embargo, “los mismos gobiernos se dedicaron a dividir nuestra fuerza, comprando y cooptando líderes; derrochando recursos para supuestos 'proyectos productivos'; promoviendo y solapando el narcotráfico, y metiendo a los partidos políticos en nuestras comunidades”, admiten.
Pero señalan que fue a partir de 1998, cuando urgido por los intereses de inversionistas extranjeros y del nuevo capital multinacional -encabezado por poderosas empresas biotecnológicas y farmacéuticas- el gobierno federal, con apoyo del gobierno de Chiapas, reinició su política de despeje del territorio de la Selva Lacandona, utilizando como pretexto la conservación y protección del medio ambiente y la ecología.
“Desde entonces se han propuesto –diciéndolo abiertamente- echar fuera de la selva a todos aquellos poblados y comunidades que no les sean incondicionales, a fin de privatizar y vender los valiosos recursos naturales que existen en la selva, a la que nuestros pueblos indígenas se refieren como La Madre Tierra: montañas con gran biodiversidad de plantas y animales de monte; bosques y selvas que regulan el clima y producen oxígeno; recursos minerales que se encuentran debajo de la tierra, y caudalosos ríos y ricos manantiales de agua dulce”.

Detiene la policía a 22 centroamericanos

Tuxtla Gutiérrez, Chis. 6 Feb.- Un grupo de 22 indocumentados centroamericanos y dos traficantes de inmigrantes fueron detenidos por la policía estatal preventiva en el tramo carreterro La Angostura- Tuxtla Gutiérrez.

La corporación policiaca aseguró que los centroamericanos eran transportados "en condiciones infrahumanas en dos vehículos" con placas del vecino país guatemalteco, y que su detención se dió cuando realizaban patrullajes preventivos a la altura de la colonia Salvador Urbina.

Junto con los migrantes fueron arrestados por violación a la Ley General de Población, Hugo Leonel Aguilar de 28 años y Darwin Mejía García, de 35 años, los que fueron puestos a disposición de un ministerio público de la federación.

El estado de Chiapas es un paso obligado para miles de inmigrantes centro, sudamericanos y cubanos que tratan de cruzar México para llegar a Estados Unidos.

En 2007, de acuerdo a estadisticas del Instituto Nacional de Migración (INM), fueron detenidos en Chiapas 57, 494 inmigrantes sin papeles, la mayoría originarios de países centroamericanos.

Lo acusan de eperrista, luego lo liberan

Tuxtla Gutierrez, Chis.- El Ministerio de Justicia de Chiapas puso en libertad la noche de este miércoles a Felipe Hernández Yuena, detenido en la víspera en el municipio de Venustiano Carranza acusado de sedición, motín y de pertenecer a la guerrilla del Ejército popular Revolucionario (EPR), informó su abogado defensor Miguel Angel de los Santos Cruz.
El abogado y activista de derechos humanos dijo que el Ministerio público no tuvo elementos jurídicos para consignar ante juez penal al profesor de 45 años, por lo que declaró que la detención, hecha sin la orden de un juez, "se toma como un asunto político en el marco de una protesta social ya que el gobierno perredista de Juan Sabines evidencia que en Chiapas no existe la libertad constitucional de libre asociación y manifestación de las ideas".
Luego de denunciar que Hernández Yuena fue torturado, de los Santos adelantó que demandarán al gobierno chiapaneco para exigir la reparación del daño,toda vez que durante su detencíón el líder social fue torturado física y sicológicamente junto con su pequeño hijo de seis años.
La aprehensión de quien fuera uno de los oradores principales en el mitín que se celebró en esta ciudad, el pasado 31 de enero contra el Tratado de Libre Comercio de America Norte (TLCAN) generó la protesta del Frente Magisterial Independiente Nacional del que Hernández Yuena es integrante.
En un comunicado de prensa dirigido al pueblo en general el Frente Magisterial Independiente Nacional (FMIN), el Comité de Campesinos Pobres (CCP), el Grupo Cultural Revolucionario del Movimiento por la Emancipación de la Mujer (GCR-MEM), la Organización de Campesinos Maiceros de la regióncentro del estado, la Casa del Pueblo de Venustiano Carranza, y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, exigieron la libertadincondicional de su compañero.
Exhortaron a la población a manifestarse "en contra de esta ley fascista que echa por tierra los derechos, escritos con sangre de millones de mexicanos en nuestra Constitución".
Las organizaciones rechazan los delitos de Sedición, motín y los resulten, los que le son amputados a Hernández Yuena por parte de las autoridades.
"Ellos declaran que lo encontraron con las manas en la masa, nada más falso, pues muchas miradas de vecinos del lugar fueron testigos que estaba en la vía pública como cualquier trausente, con su hijo; los vecinos pidieron que no se llevaran al pequeño", aseguran.
Describen que la "detención completamente arbitraria", ya que se dio con lujo de violencia, la policía mantuvo secuestrado al profesor de 45 años y a su hijo de Pavel Santiago de seis años, desde las 13:30 del día, hasta las 6 de la tarde que aparecieron en la fiscalía de Tuxtla Gutiérrez".
De acuerdo al testimonio de sus compañeros maestros, tres patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de donde bajaron policías federales y estatales interceptaron al dirigente social cuando hacía fila en una institución bancaria en el municipio de Venustiano Carranza en compañía de su hijo.
"A los familiares les negaron información, trayéndolos dando vueltas de un lado a otro. Fue golpeado en la cabeza, nuca, estómago, le pusieron una bolsa en la cabeza y lo interrogaron unos encapuchados acusándolo de pertenecer al EPR".
Mientras, aseguran, que "su menor hijo fue sometido a maltrato psicológico ya que hasta las 6 de la tarde que dimos con ellos, se le encontró tirado, llorando en el piso de la fiscalía y sin comer, con los ojos hinchados y con gran desesperación por no entender lo que estaba pasando".
La nueva ley
Las organizaciones consideran que la detención del profesor Hernández Yunea se presenta a menos de dos semanas de que el congreso local por iniciativa del gobernador Juan Sabines se aprobara el artículo 378 del Código Penal del estado, donde se prohibe la "incitación a la violencia", y justifica la detención ilegal por cualquier actitud, idea, expresión o acción que no vaya acorde a los intereses del Estado, violando todo derecho constitucional.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al condenar la violencia institucional con que actúan las fuerzas policiacas,solicitó la intervención urgente de los organismos de derechos humanos para preservar las garantías individuales del profesor Felipe Hernández Yuena.
Refírió que esta es la segunda detención que las autoridades estatales realizan contra las personas que se manifestación contra el TLC.
La primera de ellas se dio el mismo día de la marcha, cuando de regreso a sus comunidades de origen maiceros fueron interceptados por más de 10 patrullas de seguridad pública, motociclistas y judiciales, quienes aprendieron a Pedro Matusalén Vázquez, originario del municipio de Nicolás Ruiz.
Este campesino fue liberado horas después, luego de ser golpeado policias lo subieron a un taxi para que llevara a sus compañeros la orden de que "no vuelvan a participar en las marchas".

Manifiesto a la nación del FNLS

AL PUEBLO DE MEXICO.
A NUESTROS HERMANOS EN RESISTENCIA DEL MUNDO.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRATICAS Y POPULARES.
A LOS ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y NO GUBERNAMENTALES.


MANIFIESTO DEL FNLS

A más de un año de gobierno de Felipe Calderón, las condiciones económicas de los trabajadores mexicanos no mejoraron, sino al contrario, han empeorado. Durante ése tiempo hizo varias reformas estructurales para cumplir los compromisos que adquirió con los grandes empresarios que lo apoyaron el fraude electoral de 2006 y la usurpación de la silla presidencial, oxigenando con ello al capitalismo en México.

Este plan de reformas ha llevado consigo la militarización del país con apoyo del imperialismo norteamericano, aplicando experiencias aprendidas en el combate a las resistencias en América Latina, que al igual que en Colombia, enfocan su ofensiva contra los grupos insurgentes y las organizaciones sociales en resistencia (ley antiterrorista; arraigo, cateos y allanamientos sin orden judicial; incomunicación de detenidos; intervención de teléfonos y correos electrónicos): medidas que el gobierno de México suscribe y adopta al someter nuestra Soberanía ante la "Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte" (ASPAN).

La Guerra de Baja Intensidad (GBI) adquiere nueva fuerza en el país, junto con el plan contrainsurgente en general y la reactivación de la "Guerra Sucia", como tácticas para combatir al movimiento popular. Pasan así a ser acciones prioritarias en la política de gobierno de Felipe Calderón: el asesinato, la tortura y la desaparición forzada de luchadores sociales.

El capitulo de la reforma a la Ley del ISSSTE aún no ha terminado. Por un lado continúa una nueva cascada de cientos de miles de amparos contra las violaciones a la seguridad social de los trabajadores y la demanda de su inconstitucionalidad, mientras por otro lado se ve a un tribunal federal incapacitado física y humanamente para recibir las miles de quejas y solicitudes; lo cual hará más difícil de atender debidamente el fondo de los agravios causados por dicha reforma, y otorgar realmente la protección de la justicia federal ante los justos reclamos. Por lo que la respuesta favorable para lo trabajadores dependerá no del aparato de justicia, sino del movimiento político nacional que se articule para el triunfo completo.

La reforma judicial respecto a las garantías individuales, no es otra cosa más que criminalizar la lucha, la organización, la resistencia y protesta popular. Con esta reforma: es legalizar lo que en las comunidades indígenas y campesinas se ha venido realizando; detenciones ilegales, cateos policíacos-militares en domicilios sin orden de un Juez. La ultraderecha con esta reforma Judicial nos regresa a más de cien años, cuyas garantías individuales y derechos conquistados a un alto costo producto de la Revolución armada de 1910-17 no tienen ningún valor.

Hoy resulta más evidente la intromisión del imperialismo norteamericano en asuntos de seguridad nacional y en el rumbo económico de nuestro país, de ahí que Estados Unidos haya garantizado un empréstito de 500 millones de dólares para armamento y asesoría militar, so pretexto de combatir el narcotráfico; siendo que ellos mismos han aceptado que el narcotráfico tiene cada vez más influencia directa en la política del Estado mexicano. Esta intromisión viene a significar realmente que:

1. Los ilegales retenes policiaco-militares, además constituir el puntal que desde un inicio sostiene a Felipe Calderón en la presidencia, tienen por objetivo inhibir las legítimas protestas del pueblo, contener el descontento social y popular, y detectar a sus principales dirigentes con fines represivos.

2. Esta política tiene por finalidad detener, desaparecer o asesinar a los revolucionarios y luchadores sociales.

3. Que el pueblo se acostumbre a ver al ejército federal en las calles, y que las violaciones a los derechos humanos que cometa sean vistos por la población como actos comunes y normales.

4. Como Felipe Calderón no ganó y su gobierno sigue bajo la sombra de la ilegitimidad, él está dispuesto a continuar gobernando con el apoyo militar. De ahí que no sean casuales sus payasadas de portar indumentaria militar o emitir declaraciones como la reciente en que decreta que "las fuerzas armadas estarán en las calles hasta el 2012", pasando así por encima de la protesta social que exige al ejército regresar a sus cuarteles y que se ponga fin a las continuas violaciones que comete a los derechos humanos.

Por otro lado, en este periodo tampoco se ha castigado al responsable de la masacre en Oaxaca: Ulises Ruiz Ortíz; tampoco al "gober precioso" de Puebla, Mario Marín, encubridor de la pederastia. Ambos continúan en la impunidad. La Suprema Corte de Justicia incluso ya ha exculpado al segundo. La Justicia en México continúa así actuando a modo del poder político y económico.

Los partidos y sus representantes actúan cuidando no perder su "buena imagen" ante los medios de comunicación, a costa de dar la espalda a sus propios militantes. Así han llevado a millones de mexicanos al hartazgo de tanta miseria, corrupción, mentira y simulación política a través del poder mediático; llegando a estar dispuestos a enfrentar hasta a la misma iglesia reaccionaria representada por el cardenal Norberto Rivera.

La farsa de sustituir a los consejeros del IFE, muestra el alto grado de descomposición en que se encuentra todo el sistema electoral mexicano y la mayoría de los organismos políticos que participan en éste, a los que sólo les interesa obtener mayores cuotas de poder que se traducen en cuantiosas fortunas personales. La elección de consejeros resultó como tenía que ser: una lucha entre cúpulas de los principales partidos electorales, que consistió en turbias y ocultas negociaciones, chantajes y amenazas, con tal de apoderarse de ese espacio de poder que es la razón y esencia de ser de estos organismos políticos: disputarse el control del poder. Todo este circo ridículo para que finalmente quedara de presidente interino del IFE un peón de la oligarquía financiera de formación tecnócrata: Andrés Albo, que ha estado al servicio de panistas y priístas en asuntos electorales y financieros, y que hoy viene como un mal parche para tapar una coladera por la que corren ríos de basura. Por su parte los mezquinos e indignos consejeros de Ugalde se quedaron por dos razones: el billete y gozar de unos días más de fuero.

Para los millones de pobres del país no existe la justicia. El derecho legislado ha sido para beneficio exclusivo de quienes detentan el poder político y económico; sólo ha servido para mantener en la explotación a millones de mexicanos y en la opulencia a unas cuantas familias, además de garantizar impunidad a los cuerpos represivos, funcionarios y gobernantes de los tres niveles, a pesar de habérseles probado responsabilidad en la violación de derechos constitucionales y humanos, o en crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestro pueblo. En el mismo sentido, el derecho a la información es abolido y reprimidos quienes tratan de ejercerlo en publicaciones o medios de comunicación, con el mismo fin de encubrir los abusos, violaciones y crímenes de aquellos.

Por mencionar sólo los casos más sonados: Lidia Cacho; Ernestina Ascencio; Carmen Aristegui; los asesinatos y violaciones cometidos por el ejército federal en Nocupetaro y el joven que asesinaron en Huetamo, ambos casos en el estado de Michoacán; el crimen de los obreros de Pasta de Conchos; el encarcelamiento y condena penal de 67 años de prisión contra los lideres de Atenco, Estado de México (hoy puestos en libertad algunos de ellos toda vez que demostraron su inocencia); el asesinato de obreros de Sicartsa; la reclusión en calidad de rehenes en centros de exterminio de los hermanos Cerezo Contreras; encarcelamiento a miembros de la APPO y el asesinato de otros 25; represión permanente contra las Normales Rurales como recientemente a la de Ayotzinapa, en Guerrero; los cerca de 100 desaparecidos políticos entre el sexenio de Fox y lo que va del de Calderón, en el que destacan dos militantes del EPR y un defensor de derechos humanos de la Fundación Diego Lucero, Francisco Paredes Ruiz, ex militante además del MAR.

Sin embargo la mal llamada justicia mexicana exonera a genocidas y represores como Luís Echeverría y Acosta Chaparro; solapa al cacique sanguinario Ulises Ruiz Ortiz y al represor Mario Marín; protege a empresarios pederastas como Kamel Nacif; brinda impunidad a defraudadores vulgares como los hermanos Bribiesca Sahagún. En México la mafia conformada por este tipo de personajes opera en y desde la oficialidad; a ellos no se les persigue y menos se les castiga, sino al contrario, reciben toda la protección del Estado.

La llamada campaña contra el narcotráfico se encuentra en el nivel de ajustes de cuentas originados por deudas e incumplimientos de acuerdos, como se pude apreciar por los acontecimientos cotidianos de enfrentamientos y muertes en que se han vistos involucrados personajes del medio empresarial y artístico, funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno, así como miembros, destacamentos y corporaciones enteras de los cuerpos policíacos y militares. Se trata también de una lucha por el poder y el dinero, donde por supuesto se encuentran involucrados como cabezas de los bandos políticos de oficio, empresarios de las distintas ramas; pero el ganador final siempre sigue siendo la oligarquía financiera y empresarial.

La pobreza en el campo aumentará con la apertura total del TLCAN en su apartado agropecuario, elevando más la migración y la protesta social. Y el Estado responderá con represión y encarcelamiento, por que para eso se está preparando. Por tal razón el único que puede salvar al pueblo es el mismo pueblo… pero organizado, estructurado y defendiendo los derechos conquistados desde la comunidad, la colonia, el sindicato; llenando las oficinas públicas con ese pueblo organizado exigiendo que los funcionarios cumplan las promesas que hicieron cuando estaban en campaña.

La ultraderecha ha decidido conjugar acciones militares legales e ilegales (ambas injustas). Sabe que las segundas tienen mayor costo político-social, de ahí que urgió la reforma judicial contra las garantías individuales; lo que llevará a mayores violaciones de los derechos humanos contra quienes no están dispuestos a vivir en la dictadura del capitalismo, y no renunciarán a la memoria ni tampoco a los derechos que le costaron sangre al pueblo, y que hoy el PRI, el PAN y una parte del PRD le han arrebatado.


¡A UNIRNOS TODOS EN LA LUCHA Y RESISTENCIA DE LOS CAMPESINOS CONTRA EL TLCAN!

¡A PONER EN LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
Y DE CONCIENCIA!

¡POR UNA LEY DE AMNISTÍA FEDERAL PARA LIBERAR A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA DE MÉXICO!

¡A EXIGIR LA PRESENTACIÓN CON VIDA DE LOS DESAPARECIDOS!

¡A ORGANIZARNOS CONTRA TODA LEY QUE AGREDA LOS DERECHOS HUMANOS, LAS GARANTIAS INDIVIDUALES, Y LOS DERECHOS COLECTIVOS DE LOS TRABAJADORES, EJIDOS Y COMUNIDADES!

¡A ORGANIZARNOS PARA DEFENDER LOS BIENES COMUNITARIOS, LAS AGUAS, LOS BOSQUES, A MANTENER LA JUSTICIA COMUNITARIA,
Y LUCHAR EN CONTRA DEL ROBO DE GANADO
Y LA TALA CLANDESTINA DE ÁRBOLES!

¡A ORGANIZARNOS EN TORNO A LA LUCHA Y LOS PRINICPIOS DEL SOCIALISMO EN MÉXICO!

¡POR LA UNIDAD OBRERO, CAMPESINO, INDÍGENA Y POPULAR!


FRENTE NACIONAL DE LUCHA POR EL SOCIALISMO
FNLS

México, 5 de Febrero de 2008.

Bloqueos y marchas del FNLS en Chiapas

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, Febrero 5 de 2008.


A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
A LAS ORGANIZACIONES DEMOCRÁTICAS E INDEPENDIENTES.
A LA OPINIÓN PÚBLICA ESTATAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.

Como parte de las acciones que estará realizando hoy el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), contra las diferentes Reformas impopulares con que la ultraderecha está pervirtiendo el espíritu de la Constitución Mexicana y trasgrediendo los legítimos derechos de nuestro Pueblo, este 5 de Febrero de 2008 las organizaciones que integramos el FNLS en Chiapas, junto con el Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI–CNPA-MN), estaremos llevando a cabo las siguientes 13 movilizaciones en nuestro estado:

1. BLOQUEO-VOLANTEO EN LA CARRETERA COSTERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE VILLA COMALTITLÁN.

2. BLOQUEO-VOLANTEO EN LA CARRETERA COSTERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUZANTÁN.

3. BLOQUEO-VOLANTEO EN LA CARRETERA COSTERA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TUXTLA CHICO.

4. BLOQUEO-VOLANTEO EN LA CARRETERA QUE VA DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS A OCOSINGO, DOS KILÓMETROS ANTES DEL CRUCERO CUXULJÁ.

5. BLOQUEO-VOLANTEO EN CARRETERA FRONTERIZA QUE VA DE COMITÁN A BENEMÉRITO DE LAS AMÉRICAS, EN MARQUÉS DE COMILLAS SOBRE EL CRUCERO QUE VA HACIA ZAMORA PICO DE ORO.

6. BLOQUEO-VOLANTEO EN LAS CARRETERAS QUE COMUNICAN A LA CABECERA MUNICIPAL DE ALTAMIRANO CON LAS CIUDADES DE COMITÁN Y OCOSINGO.

7. BLOQUEO-VOLANTEO EN EL CRUCERO CARRETERO QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE TILA CON LAS DE SABANILLA Y YAJALÓN.

8. BLOQUEO-VOLANTEO EN LA CARRETERA QUE COMUNICA LA CABECERA MUNICIPAL DE TUMBALÁ CON LA DE YAJALÓN.

9. MARCHA-VOLANTEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MOTOZINTLA, ENTREGA DE MÁS "MEDIDORES DE LUZ RATEROS" A LA C.F.E., Y MITÍN CONTRA LA TALA DE BOSQUES Y LA EXPLOTACIÓN MINERA EN LA REGIÓN.

10. MARCHA-VOLANTEO Y MITÍN EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA COMALAPA.

11. MARCHA-VOLANTEO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PIJIJIAPAN.


12. VOLANTEO MASIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE MAPASTEPEC.

13. VOLANTEO MASIVO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ÁNGEL ALBINO CORZO (JALTENANGO DE LA PAZ).

Convocamos a los Pueblos de Chiapas y todo México a movilizarnos de manera contundente para impedir que el ilegítimo "gobierno" de Felipe Calderón siga regresándonos hasta tiempos oscuros ya superados gracias a las Luchas Históricas de nuestro Pueblo, y evitar así que continúe regalando la Soberanía de nuestro país a los intereses del imperialismo.

-----------o-----------