Gobierno de Chiapas se disculpa con mujer indigena violada y torturada

Tuxtla Gutierrez, Chis. 15 de Feb.- En un hecho histórico, el gobierno de Chiapas (sureste) pidió una disculpa pública a una mujer indígena zoque, Julieta Flores, quien en 1995 fue abusada y torturada a manos de policías y militares, luego de ser detenida cuando bloqueaba un camino, junto con 17 campesinos, entre ellos su padre Enrique Flores y el señor Reyes Penagos, éste último asesinado sumariamente por la Policía Judicial del estado.

A petición de la Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde organismos no gubernamentales de Chiapas denunciaron los hechos en 1997, ante la nula respuesta de los gobiernos para castigar a los responsables. El gobierno de Chiapas 12 años después, reconoció su responsabilidad.

El gobierno del estado, se comprometió en el acto público declaración de "Reconocimiento de responsabilidad estatal", someter a juicio a los responsables, continuar las investigaciones del caso y ejercitar acciones penales a partir de declaraciones de Julieta y de su padre.

También se comprometió el gobierno a determinar y entregar ayuda económica a los familiares de Reyes Penagos e informar a la CIDH sobre el avance de las acciones comprometidas.

En el acto de disculpa estuvieron presentes Everilda Roblero Villatoro, viuda de Reyes Penagos; Julieta Flores Castillo y Enrique Flores González, víctimas en el caso; Martha Figueroa Mier y Fabián Sánchez Matus, representantes de las víctimas; así como representantes de Cancillería por parte del gobierno mexicano.Julieta, ahora regidora del municipio de Ángel Albino Corzo y activista por los derechos humanos, no sólo quedó lesionada por los golpes y la violación tumultuaria, sino que perdió a su familia, que la repudió por hacer públicos los hechos.

El caso, conocido como "Caso Jaltenango", había sido denunciado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por lo cual esta instancia hizo la recomendación 61/96 el 15 julio de 1996 por homicidio, pero ante la nula respuesta de los gobiernos para castigar a los responsables, el caso fue llevado en 1997 a la CIDH.Julieta, ahora regidora del municipio de Ángel Albino Corzo y activista por los derechos humanos, no sólo quedó lesionada por los golpes y la violación tumultuaria, sino que perdió a su familia, que la repudió por hacer públicos los hechos.

En comunicado de prensa, el Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas (COLEM), resaltó la importancia del acto de disculpa pública, porque el gobierno asume su responsabilidad en las vejaciones y tortura de las que fue víctima Julieta Flores y su padre, así como en la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial del señor Reyes Penagos Martínez.

Martha Figueroa, encargada del área de incidencia política del Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante AC, y representante de las víctimas dijo que se trata de un hecho trascendental, donde el gobierno estatal asume su responsabilidad por los hechos de tortura.

Explicó que además de la disculpa pública del gobierno estatal a la mujer indígena, está obligado a publicarla en los diarios, nacionales, y locales, en dos ocasiones.Dijo que este acto es sólo un paso más en la búsqueda de justicia de Julieta, ya que está luchando por conseguir el servicio médico gratuito para sus hijos, así como una beca para su educación, pues es ella quien se encarga de su manutención al haberse divorciado por sufrir violencia familiar.

"Es además una oportunidad para exigir al gobierno federal y estatal que también den cumplimiento a otras recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a las violaciones de los Derechos Humanos que se han generado en Chiapas y en otros estados de la Republica mexicana", apuntó.